La entidad rectora del fútbol sudamericano ha manifestado su firme intención de emplear todas las vías legales disponibles para asegurar la recuperaci
La entidad rectora del fútbol sudamericano ha manifestado su firme intención de emplear todas las vías legales disponibles para asegurar la recuperación de los recursos financieros que corresponden legítimamente al deporte en la región. Esta postura se reafirma a raíz de las recientes acciones judiciales emprendidas por la Fiscalía paraguaya.
Las autoridades en Paraguay han imputado a nueve personas por su presunta implicación en actividades de lavado de activos. Esta investigación se centra en el supuesto desvío de fondos que habría ocurrido durante la gestión de Nicolás Leoz, quien falleció en 2019, en el marco del conocido escándalo FIFAgate.
La Confederación Sudamericana de Fútbol ha expresado su beneplácito ante el proceder de la justicia paraguaya. La imputación, formalizada el pasado 30 de octubre por el Ministerio Público, incluye a seis directivos del banco local Atlas, entre ellos su presidente, Miguel Zaldívar, así como a María Clemencia Pérez, exesposa de Leoz, y a dos de las hijas del exdirigente deportivo.
La organización ha ratificado que ejercerá las facultades que le otorga la ley para que las autoridades emitan las resoluciones pertinentes que garanticen la restitución de los fondos que legítimamente pertenecen a la institución y al fútbol sudamericano. Asimismo, ha reafirmado su compromiso inquebrantable con la consecución de una justicia plena en este caso, considerando la decisión de la Fiscalía paraguaya como un avance significativo dentro de los procesos relacionados con el escándalo de corrupción FIFAgate.
El organismo continental del fútbol ha informado que impulsó una auditoría forense que arrojó indicios de conductas que causaron perjuicios patrimoniales a la institución y generaron beneficios ilícitos para los responsables. Con base en estos hallazgos, se presentaron denuncias penales en Paraguay en los años 2017 y 2021.
Según se ha señalado en el curso de la investigación, entre los años 2000 y 2010, Leoz habría llevado a cabo una serie de acciones que, se presume, afectaron el patrimonio de la Confederación y le permitieron obtener ganancias que supuestamente fueron introducidas en el Banco Atlas. Se detalla que el exdirigente habría celebrado contratos de fideicomisos con la entidad bancaria paraguaya, los cuales dieron origen a certificados de depósitos de ahorro. Se advierte que el dinero subyacente a estos certificados podría tener su origen en hechos punibles contra el patrimonio de la institución.
En contraposición, la defensa legal de Banco Atlas, a través de su abogado, calificó la imputación del Ministerio Público, el 31 de octubre, como una auténtica burla. Argumentó que el acta de imputación carece de una descripción precisa de las circunstancias de lugar o tiempo en relación con las acciones que supuestamente realizó cada uno de los imputados




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