Comunidades de la Reserva de Tariquía Declaran Emergencia ante Amenaza de Explotación Petrolera

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Comunidades de la Reserva de Tariquía Declaran Emergencia ante Amenaza de Explotación Petrolera

Los habitantes de la Reserva de Tariquía han manifestado su preocupación por la incursión de actividades petroleras en su territorio, lo que podría ll

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Los habitantes de la Reserva de Tariquía han manifestado su preocupación por la incursión de actividades petroleras en su territorio, lo que podría llevar a la degradación de esta área protegida. En respuesta, han declarado un estado de emergencia y han emitido un comunicado que subraya su compromiso por preservar la integridad de su hogar.

La dirigente Paola Gareca, junto a su homóloga de Chiquiacá, Aurora Ríos, presentaron este documento en el que los comunarios expresan su determinación de proteger su entorno frente a lo que consideran una amenaza inminente. Según el comunicado, la explotación petrolera podría afectar hasta el 50% de la reserva, poniendo en riesgo su forma de vida y los recursos naturales que dependen de ella.

Las líderes comunitarias han señalado que, a pesar de las decisiones tomadas hace años por los pobladores, tanto las empresas petroleras como el gobierno han ignorado sus demandas. Alertan sobre la invasión de su territorio en varias áreas, incluyendo Churumas y Astilleros, así como en el noreste, en Saicán Chiquiacá.

El documento también advierte sobre los peligros que representan los proyectos de explotación en el bloque Churumas, los cuales amenazan la estabilidad de la Reserva de Tariquía. Se menciona un reciente descubrimiento de gas en la zona, que podría llevar a la construcción de infraestructura de transporte y logística, lo que comprometería aún más el ecosistema local.

A pesar de la entrada de la petrolera en Saicán, los habitantes de Chiquiacá han mantenido una vigilia constante y no descartan la posibilidad de adoptar nuevas medidas de presión. En su comunicado, exigen que el Estado boliviano respete sus compromisos internacionales, como el Acuerdo de Escazú, y que se cancelen las acciones legales iniciadas por YPFB y Petrobras contra 27 defensores ambientales de la comunidad.

Estos defensores, reconocidos por la Defensoría del Pueblo, han reiterado su oposición a las actividades petroleras, especialmente en el caso del proyecto San Telmo Norte, y piden que se respeten las decisiones tomadas en el marco de sus tradiciones y costumbres.

El comunicado concluye advirtiendo que la actual crisis de combustibles en el país no debería ser utilizada como justificación para implementar políticas hidrocarburíferas que amenacen áreas protegidas y vulneren los derechos de las comunidades indígenas y el medio ambiente

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