Comunidad de Chiquiacá denuncia presuntas irregularidades y favoritismo político en asignación de viviendas sociales

Representantes del sector rural del cantón Chiquiacá han expresado su profunda preocupación por la gestión y asignación de viviendas sociales en la región. Sus declaraciones apuntan a la existencia de presuntas irregularidades y un trato discriminatorio, sugiriendo que los beneficios estarían siendo dirigidos hacia grupos con afinidad política con la administración actual, en detrimento de aquellos que han demostrado un compromiso activo con la defensa del territorio y la preservación de la reserva natural local.

Juan Mendoza Gutiérrez, un prominente líder comunitario, ha manifestado su descontento ante lo que percibe como una exclusión injustificada de las familias que más requieren apoyo habitacional. Subrayó que las comunidades que han asumido la defensa de la reserva, incluso enfrentando procesos legales por ello, se ven ahora marginadas. En contraste, individuos vinculados al partido en el poder, y que no participan activamente en la vida orgánica de la comunidad, serían los principales beneficiarios.

El dirigente señaló además que el programa de vivienda podría estar siendo instrumentalizado bajo criterios políticos, favoreciendo de manera particular a ciertas organizaciones. Explicó que, si bien se solicitan evaluaciones, el sistema de puntuación parece estar diseñado para privilegiar a estos colectivos específicos. Como ejemplo, mencionó que personas solteras o estudiantes sin cargas familiares directas han logrado acceder a estas viviendas, mientras que las familias con necesidades genuinas son sistemáticamente ignoradas.

Mendoza también cuestionó la ausencia de una fiscalización rigurosa y la falta de transparencia por parte de las entidades responsables. Afirmó que el ejecutivo de la central de Entre Ríos no compartió la información pertinente con las bases comunitarias y se limitó a validar el procedimiento sin objeciones. En este contexto, sugirió que algunas de estas viviendas habrían sido asignadas a cambio de facilitar el ingreso de empresas a la reserva natural de la zona.

Ante esta situación, el representante anunció la inminente presentación de una denuncia formal ante la Agencia Estatal de Vivienda, exigiendo una revisión exhaustiva de los listados de beneficiarios para garantizar la equidad y la justicia en la asignación