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En la localidad de Chiquiacá, municipio de Entre Ríos, un punto estratégico que marca el acceso a la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, ha surgido una controversia significativa en torno a la distribución de beneficios estatales. Mientras la exploración petrolera avanza en esta área protegida, se han levantado voces que acusan al Gobierno de favorecer, a través de la Agencia Estatal de Vivienda (AEV), a individuos con afinidad política y, en particular, a miembros de la Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa en sus listas de beneficiarios.
Comunarios que se han posicionado en defensa de la reserva natural manifiestan estar siendo sistemáticamente excluidos de programas sociales, incluyendo proyectos de vivienda y mejoras habitacionales. A pesar de cumplir con los requisitos de residencia y necesidad, perciben esta marginación como una consecuencia directa de su oposición a la presencia de empresas petroleras en la zona.
Juan Mendoza, un destacado líder comunitario de Chiquiacá y activo defensor de la reserva, ha subrayado la creciente evidencia de esta exclusión. Ha recordado un encuentro previo con una empresa petrolera donde, según su testimonio, los defensores de la reserva fueron tratados de manera despectiva.
Las acusaciones de Mendoza señalan una presunta colaboración entre la Agencia Estatal de Vivienda y dirigentes de organizaciones como las Bartolinas Sisa para validar listas de beneficiarios que, según él, incluyen a personas sin residencia efectiva en Chiquiacá o sus inmediaciones. La frustración es palpable entre los residentes genuinos, quienes sienten que aquellos con arraigo en la comunidad y necesidad real de vivienda han sido pasados por alto en favor de otros, supuestamente por motivos políticos.
El programa en cuestión contempla la entrega de 38 soluciones habitacionales, que incluyen tanto construcciones nuevas como mejoras. Se ha observado que varios de los beneficiarios actuales ya habrían recibido apoyo en iniciativas previas, lo que sugiere un patrón de asignación recurrente que podría indicar favoritismo.
La justificación técnica esgrimida por la Agencia, que aduce impedimentos para construir en áreas dentro de la reserva, es rebatida por los comunarios. Ellos señalan la existencia de proyectos habitacionales anteriores que se ejecutaron sin inconvenientes en la misma zona.
Las gestiones para obtener apoyo, incluyendo denuncias presentadas ante la Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tarija (FSUCCT) y la Central de Campesinos de Entre Ríos, no han generado la respuesta esperada por parte de los afectados.
Se aguarda una declaración oficial de la Agencia Estatal de Vivienda para esclarecer los criterios y procedimientos de selección de beneficiarios, una información que aún no ha sido provista
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