Comunarios de Tariquía denuncian atropellos de petroleras en Tarija

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) avanza conforme a un riguroso cronograma para habilitar su campamento, construir accesos y preparar la planchada, labores que deben concluirse antes de agosto de 2026. Esto es fundamental para iniciar en septiembre la perforación del pozo exploratorio DMO-X3.

En paralelo, se ha reavivado la preocupación en torno a la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, debido a denuncias de comunidades del Cantón Chiquiacá, en el municipio de Entre Ríos, quienes reportaron presuntos atropellos por parte de personal de Petrobras y YPFB durante intentos de ingreso a zonas cercanas a la reserva protegida. Los comunarios exigen una reunión inmediata con el Gobierno de Rodrigo Paz y advierten que podrían recurrir a la justicia comunitaria si las empresas persisten en ingresar sin el consentimiento adecuado.

La tensión se intensificó tras la detección de movimientos de trabajadores y vehículos asociados a las petroleras en la región. Ante esta situación, las comunidades establecieron una vigilia en Quebrada Las Vacas, punto considerado como la entrada principal a la reserva. Sin embargo, las empresas optaron por utilizar rutas alternativas, ingresando supuestamente por la comunidad de Suaruro y desplazándose hasta zonas identificadas como Vallecito Los Lapachos y Soledad, donde se desarrollan las actividades petroleras.

Activistas locales han denunciado comportamientos abusivos por parte del personal petrolero, incluyendo incidentes de hostigamiento hacia habitantes que intentaron impedir el paso de los vehículos. Se señala además que las compañías habrían intentado dividir a las comunidades mediante incentivos y ofrecimientos a ciertos grupos, con el objetivo de obtener apoyo para sus operaciones en la reserva.

Actualmente, los comunarios mantienen una vigilia pasiva, permitiendo el tránsito habitual de vehículos, excepto aquellos vinculados a las petroleras. La demanda principal radica en la retirada inmediata de las empresas y la suspensión de cualquier intervención en el territorio. Ante la persistencia de abusos, las comunidades no descartan la aplicación de justicia comunitaria como medida extrema, en caso de ausencia de respuestas por parte del Estado.

La defensa del territorio se fundamenta en la protección de fuentes de agua vitales para las familias y actividades agrícolas y pecuarias de la región, ya que la zona en cuestión constituye un área de recarga hídrica cuya alteración podría generar contaminación.

Las comunidades han enviado una solicitud formal al Gobierno de Rodrigo Paz para establecer una mesa de diálogo, aunque hasta la fecha no han recibido una respuesta oficial. En este contexto, también han surgido actores vinculados al movimiento que demanda el 45% de las regalías para la provincia O’Connor, quienes han expresado su rechazo a la entrada de petroleras hasta la aprobación de la ley correspondiente.

Por su parte, YPFB informó que el proyecto del pozo exploratorio DMO-X3, con un presupuesto asegurado de 61 millones de dólares y una ejecución prevista hasta 2027, ha completado etapas clave como el estudio de impacto ambiental y la obtención de licencias. Actualmente se encuentra en la fase inicial de construcción de caminos y planchada, con plazos establecidos para la habilitación del campamento y la perforación, programada para comenzar en septiembre de 2026.

Un experto en hidrocarburos señaló que no existen razones técnicas para oponerse al proyecto DMO-X3, dado que se ubica fuera del área protegida, a una distancia de 1,2 kilómetros de la Reserva de Tariquía. Además, destacó la importancia de implementar tecnologías de bajo impacto ambiental en zonas de alta sensibilidad. Según sus estimaciones, las reservas potenciales del proyecto podrían generar ingresos significativos para la región, lo que subraya la necesidad de avanzar con responsabilidad y diálogo