Comunarios de Tariquía anuncian huelga y encadenamientos en defensa del área

Después de dos jornadas de intervención en la zona de Chiquiacá, los defensores de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía han intensificado sus acciones de protesta. La activista ambiental Nelly Coca enfatizó que su lucha responde al compromiso con la vida y no a intereses económicos, en respuesta a la entrada de la empresa petrolera Petrobras en el territorio.

La presencia policial permitió el acceso de maquinaria y personal de Petrobras en el área destinada para el pozo exploratorio Domo Oso X-3 (DMO-X3), ubicado en el cantón Chiquiacá, municipio de Entre Ríos. Los habitantes locales y activistas denunciaron que esta intervención vulnera sus derechos y calificaron la acción como un atropello.

Nelly Coca, reconocida defensora ambiental, denunció que durante la protesta la comunidad fue objeto de hostigamiento y uso excesivo de la fuerza. Pese a ello, aseguró que la determinación de los comunarios permanece firme y convocó a la población a sumarse a la protección de la reserva. La activista también destacó que 17 comunarios han sido notificados con procesos penales, acusados de asociación delictuosa, lo que consideran una persecución injustificada.

La movilización no es un capricho, sino una defensa de los recursos naturales, particularmente del agua, ya que el área en cuestión es una zona crucial de recarga hídrica que abastece tanto a las comunidades como a su ganado. En las últimas horas, cuatro abogados ofrecieron asistencia legal gratuita a los afectados, en medio de una creciente presión judicial.

Los defensores planean intensificar sus medidas de protesta, incluyendo la posibilidad de una huelga de hambre y encadenamientos, para impedir la contaminación y la explotación petrolera en la reserva. Coca subrayó que mientras las empresas actúan por intereses económicos, ellos luchan por preservar la vida.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo se trasladó al municipio de Entre Ríos para supervisar la situación y garantizar el respeto a los derechos de los comunarios. Cecilia Bolívar, delegada defensorial, informó que se evaluó la actuación policial para asegurar que se haya respetado el uso proporcional de la fuerza y se constató la participación de mujeres y personas adultas mayores en la vigilia, que se mantiene desde el 8 de diciembre de 2025.

Además, la Defensoría realiza un seguimiento de los procesos legales abiertos contra defensores ambientales, como Nelly Coca y Andrés Miranda, quienes enfrentan cargos relacionados con impedir funciones públicas y asociación delictuosa. La institución recordó que el Estado tiene obligaciones internacionales, en el marco del Acuerdo de Escazú, para garantizar consultas previas, libres e informadas y proteger a quienes defienden el medio ambiente.

En el ámbito político, el Comité Cívico Juvenil expresó su rechazo a la intervención gubernamental en la reserva. Su presidente, Fernando Leytón, criticó al mandatario por incumplir compromisos previos de defensa del área protegida y anunció una marcha en defensa de Tariquía y sus habitantes, programada para el 7 de enero a las 18:00 horas