La reciente orden de paralización temporal de las actividades exploratorias en el proyecto hidrocarburífero Domo Oso X-3 (DMO X-3) ha generado una ser
La reciente orden de paralización temporal de las actividades exploratorias en el proyecto hidrocarburífero Domo Oso X-3 (DMO X-3) ha generado una serie de reacciones entre los defensores ambientales y las comunidades locales del cantón Chiquiacá, quienes mantienen una profunda preocupación por el futuro de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía. Esta pausa ambiental, establecida por un plazo de 30 días, fue dictada por el Juzgado Agroambiental de Entre Ríos con el propósito específico de que la empresa petrolera Petrobras pueda presentar la documentación que acredite la legalidad de su ingreso a la zona de influencia del área protegida.
Desde que se hizo pública esta medida judicial el 16 de enero, la incertidumbre ha ido en aumento entre los pobladores y activistas, quienes temen que al término del periodo establecido, la compañía retome sus labores sin que se hayan resuelto las dudas sobre la legitimidad y el impacto ambiental de sus operaciones. La orden judicial no solo detuvo temporalmente las perforaciones exploratorias en el Bloque San Telmo Norte, sino que también abrió un espacio para que se revisen posibles irregularidades en los procedimientos previos a la intervención en esta región sensible.
Nelly Coca, reconocida activista y defensora incansable de Tariquía, ha sido una voz clave para expresar las inquietudes comunitarias. En declaraciones recientes, Coca enfatizó la necesidad imperiosa de obtener claridad respecto a las acciones futuras una vez concluida esta pausa. Para ella y para muchos comunarios, resulta fundamental conocer si las autoridades judiciales emitirán una resolución definitiva que garantice la protección del área o si, por el contrario, se permitirá la continuidad del proyecto hidrocarburífero bajo condiciones cuestionables. La exigencia central es que se transparenten los fundamentos legales y técnicos que sustentan cualquier decisión posterior.
La dirigente ambiental subrayó que el movimiento ciudadano no está motivado por intereses políticos o partidarios, sino por un compromiso genuino con la preservación del medio ambiente y la defensa del agua como recurso vital. Para los habitantes locales y defensores de Tariquía, el valor ecológico del territorio supera ampliamente cualquier potencial económico derivado de la extracción hidrocarburífera. En este sentido, Coca advirtió que si no se logra una resolución favorable a la conservación ambiental al concluir estos 30 días de suspensión, las comunidades retomarán con fuerza sus actividades de vigilia y movilización social para exigir la anulación definitiva de los contratos vinculados al proyecto Domo Oso X-3.
Este escenario pone en evidencia un conflicto latente entre intereses económicos vinculados a recursos naturales no renovables y demandas sociales orientadas a garantizar derechos colectivos sobre territorios protegidos. Además, refleja tensiones profundas sobre cómo se gestionan los procesos legales y administrativos relacionados con zonas ambientales sensibles. En este contexto, resulta significativo destacar que autoridades regionales han asumido un rol activo en el seguimiento riguroso tanto del cumplimiento de los plazos judiciales como en verificar técnicamente el lugar exacto donde Petrobras pretende desarrollar sus actividades. Este acompañamiento institucional puede ser interpretado como un reconocimiento oficial a la importancia estratégica y ambiental que representa Tariquía para la región.
Por otra parte, Nelly Coca hizo un llamado explícito al Gobierno nacional para establecer canales efectivos de diálogo con las comunidades indígenas y campesinas asentadas en zonas cercanas a la reserva natural. Reivindicó la necesidad urgente de escuchar sus opiniones antes de tomar decisiones definitivas que podrían afectar directamente su modo de vida y entorno natural. Esta demanda cobra aún más relevancia si se considera que instancias como la Defensoría del Pueblo han señalado previamente irregularidades en los procesos formales establecidos para realizar consultas previas con estas poblaciones, lo cual pone en entredicho la legitimidad democrática y social del proyecto hidrocarburífero.
Finalmente, es importante situar esta coyuntura dentro del marco más amplio del contexto político actual. La paralización temporal coincide con un período electoral subnacional donde se observan movimientos estratégicos por parte del Gobierno para consolidar alianzas locales. En principio, el conflicto relacionado con Tariquía parecía representar un desafío político para las autoridades debido a su alta sensibilidad social; sin embargo, esta suspensión momentánea ha enfriado parcialmente las tensiones públicas. No obstante, dado el nivel de movilización social latente y las demandas expresas por parte de defensores ambientales y comunidades indígenas, es probable que este tema continúe siendo un foco central tanto en lo ambiental como en lo político durante los próximos meses.
En definitiva, lo ocurrido alrededor del proyecto Domo Oso X-3 plantea interrogantes cruciales sobre cómo equilibrar desarrollo económico con conservación ambiental y derechos comunitarios. La expectativa generalizada es que las instancias judiciales actúen con transparencia e imparcialidad para garantizar una decisión justa que proteja uno de los ecosistemas más valiosos e indispensables para la región: Tariquía. Mientras tanto, vecinos y activistas permanecen atentos al desenlace final y preparados para continuar su defensa activa frente a cualquier intento futuro por vulnerar esta reserva natural emblemática
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