Comités Cívicos de Bolivia Exigen Nuevo Pacto Fiscal y Revisión del Presupuesto 2025 para Mejorar la Crisis Económica

Recientemente, los comités cívicos de Bolivia se reunieron en Tarija, donde emitieron una serie de resoluciones que abordan preocupaciones críticas sobre la distribución de recursos y la situación económica del país. Una de las demandas más destacadas es la creación de un nuevo Pacto Fiscal que asegure una repartición justa de los fondos entre el gobierno central, las gobernaciones, los municipios y las universidades, con un enfoque particular en el impulso de proyectos de desarrollo regional.

Rodrigo Fuensalida, director cívico de Tarija, expresó su descontento ante la falta de respuesta del gobierno a las solicitudes de los municipios y gobernaciones, a más de cuatro meses de la publicación de los resultados del censo. En este contexto, instó al gobierno a asumir sus responsabilidades, señalando que los gobiernos locales continúan financiando obligaciones que deberían ser cubiertas por el nivel central. Un ejemplo de ello es el déficit de 200 ítems en el sector salud, que, según Fuensalida, debería ser atendido por el gobierno nacional.

Además, se ha propuesto la creación de un fondo compensatorio dirigido a los municipios, especialmente aquellos de carácter rural, que han experimentado una disminución en su población, lo que resulta en una merma en sus ingresos por coparticipación.

Fuensalida también subrayó que el Pacto Fiscal podría ser una solución para enfrentar la crisis económica y mejorar el modelo económico vigente. Sin embargo, manifestó su preocupación por la falta de compromisos claros por parte del gobierno para trabajar en nuevas proyecciones para el año 2025.

Los comités cívicos también han mostrado su rechazo al Presupuesto General del Estado para 2025, argumentando que este mantiene un enfoque centralista en la gestión de los ingresos petroleros, a pesar de la crisis financiera que enfrentan las autonomías. Criticaron que el presupuesto no contempla una reducción del gasto público, continúa subvencionando empresas estatales deficitarias y se apoya en recursos externos, además de intentar confiscar propiedades privadas relacionadas con la producción.

Entre otras propuestas, se ha solicitado la implementación de un Plan Nacional de Austeridad que elimine gastos superfluos y realoque recursos hacia áreas prioritarias como salud, educación y desarrollo productivo. Asimismo, se aboga por la derogación de la Ley N° 376, que establece una renta vitalicia para expresidentes y exvicepresidentes, como un acto de justicia y responsabilidad hacia la población boliviana. También se exige garantizar un suministro adecuado de combustibles para evitar interrupciones en los sectores productivos