COD exige al nuevo gobierno preservar la estabilidad laboral y la inversión económica

La inminente asunción presidencial de Rodrigo Paz ha motivado la convocatoria a una movilización nacional por parte de la principal confederación obrera del país. El objetivo central de esta acción es la defensa de los derechos laborales y la garantía de estabilidad para los trabajadores, en un contexto marcado por las expectativas de cambios en la administración pública y la propuesta de reducción de ministerios impulsada por la fuerza política entrante.

Desde la agrupación que liderará la próxima gestión, se ha procurado desestimar las preocupaciones sobre posibles desvinculaciones masivas de funcionarios. Han asegurado que cualquier ajuste en la estructura estatal se implementará de manera gradual, a partir del 8 de noviembre, fecha programada para la toma de posesión del nuevo mandatario, negando la posibilidad de una masacre blanca, término que alude a despidos generalizados.

Tras un reciente encuentro nacional de la cúpula sindical, se aprobó una resolución que contempla la realización de una marcha en todo el territorio, prevista para después de la ceremonia de asunción presidencial. Dirigentes sindicales han aclarado que esta movilización no se dirige contra el gobierno entrante, sino que constituye una acción de unidad y reivindicación de los derechos laborales. Han expresado inquietud ante declaraciones de algunas autoridades electas que sugieren posibles modificaciones a la Ley General del Trabajo, enfatizando que la movilización será en defensa de los derechos adquiridos por los trabajadores.

Se ha recordado que numerosos funcionarios públicos gozan de protección especial, ya sea por fuero sindical o por lo establecido en la Ley del Funcionario Público, lo que les confiere inamovilidad laboral en ciertos casos. En este sentido, se ha solicitado a la nueva administración que respete estas garantías, incluso en el marco de la anunciada reestructuración institucional.

La administración entrante ha delineado planes para reducir el número de ministerios de diecisiete a doce. Esta medida, según fuentes cercanas al partido, busca generar ahorros significativos de recursos, los cuales serían reorientados para garantizar el suministro de combustibles en el país.

A nivel departamental, las organizaciones obreras han declarado que mantendrán una postura de atenta observación. Han insistido en que el diálogo social y la protección del empleo deben constituir pilares fundamentales de la gestión que se inicia.

En relación con el tamaño del aparato estatal, un análisis de una institución especializada en desarrollo reveló que, a finales de 2020, la cantidad de empleados públicos en el país ascendía a 526.955. Con una proyección de crecimiento promedio del 10% anual, se estima que esta cifra podría alcanzar al menos 600.000 funcionarios para la presente gestión.

En diversas oportunidades, autoridades nacionales han expresado inquietudes sobre el volumen de la planta estatal, sugiriendo que excede las necesidades operativas. Han señalado que cada incremento salarial representa una carga creciente para la planilla de sueldos y salarios, una situación que se agrava en el actual escenario de crisis económica, el cual demanda medidas de austeridad