Cinco detenidos y arsenal militar incautado en Potosí en operativo por muertes de policías

La Policía Boliviana, en una operación conjunta con el Ministerio Público, ha llevado a cabo una serie de intervenciones de gran envergadura en la zona norte del departamento de Potosí. Estas acciones, desarrolladas entre el lunes y el martes, se enmarcan en la investigación por el fallecimiento de cuatro agentes policiales y un civil durante las violentas jornadas de bloqueo que tuvieron lugar en diversas regiones del país entre el 7 y el 17 de junio.

Los allanamientos, que abarcaron al menos diez domicilios en las localidades de Llallagua, Catavi y Uncía, culminaron con la detención de cinco personas. Entre los aprehendidos se encuentran Jorge Galo Chiri, señalado por las autoridades como presunto francotirador, y su hermano, Samuel Jorge Chiri. En la residencia de Jorge Galo Chiri, situada en Sakamarka, una comunidad indígena cercana a Llallagua, se incautaron municiones de guerra, material explosivo, una suma considerable de dinero en efectivo y documentación que, según los informes, vincula a los detenidos con grupos radicales. El arsenal descubierto incluía proyectiles de calibre 7.65 y 9 milímetros, mecha lenta, detonadores, anfo y teléfonos celulares, además de 46.500 bolivianos y documentos relacionados con cargos de autoridad indígena originaria.

Para la ejecución de estos operativos se desplegó un contingente de 330 efectivos de diversas unidades especializadas, incluyendo la DACI, la FELCC de Oruro y Llallagua, el CEIP, la FELCN, el DELTA y el Comando de Potosí. Una de las viviendas allanadas fue la de Raúl Achacata Choquetupa, identificado como Quraq-Mallqu (líder) de la Federación de Ayllus Originarios del Norte de Potosí (FAOI-NP).

Estas acciones son el resultado de una prolongada investigación que se inició tras los hechos de violencia del 12 de junio. En esa fecha, tres agentes policiales fueron abatidos a tiros mientras se dirigían a Llallagua para reforzar la seguridad en medio de los bloqueos. Adicionalmente, en Cochabamba, otro policía perdió la vida a causa de la detonación de un explosivo adherido a su cuerpo, y un civil también falleció al manipular erróneamente otro artefacto.

La Fiscalía Departamental de Potosí ha confirmado la legalidad y la coordinación de las intervenciones. La aprehensión de Galo Jorge Chiri, por ejemplo, se fundamentó en entrevistas testificales que establecieron su presencia en el lugar de los hechos portando un arma de fuego. Se ha anunciado la realización de pruebas balísticas para determinar si el arma en posesión del detenido fue la causante de las muertes.

Actualmente, trece personas enfrentan procesos penales en relación con estos incidentes, y cuatro adolescentes se encuentran bajo custodia en el centro de acogida Nuevo Horizonte. La investigación se ha dividido en dos causas principales: una, centrada en el asesinato de los efectivos policiales, ha sido trasladada a Oruro; la otra, radicada en Llallagua, aborda los heridos y la destrucción de instalaciones policiales, como las oficinas de la FELCV y el Comando Regional.

Las autoridades han calificado el caso como una acción político-criminal, reafirmando su compromiso de capturar a todos los implicados, tanto a los autores materiales como a los intelectuales. Se ha señalado que las personas detenidas estaban en posesión de elementos utilizados para causar las muertes, y se prevé la continuidad de los operativos.

Los sucesos se enmarcan en las movilizaciones impulsadas por sectores afines al expresidente, quienes durante dos