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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha activado un nuevo mecanismo de supervisión sobre la situación de la exvocal Claudia Castro, quien permanece en detención preventiva en Bolivia. La entidad internacional ha solicitado al Estado boliviano informes detallados acerca de posibles actos de intimidación contra Castro, así como sobre su estado de salud y las condiciones en las que cumple su encarcelamiento. Esta acción se produce en el marco del proceso judicial que enfrenta la exfuncionaria, imputada por delitos relacionados con consorcio, tráfico de influencias y organización criminal, junto a otras figuras públicas, entre ellas el exministro de Justicia, César Siles.
El requerimiento formal fue notificado al Estado el 2 de febrero y responde a una petición realizada en noviembre del año anterior por Claudia Castro y su representante en materia de derechos humanos, Kelly Tejeda. En dicha solicitud se plantearon medidas cautelares para proteger los derechos fundamentales de la exvocal del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz. La CIDH ha hecho uso del artículo 25.5 de su reglamento para solicitar información precisa que permita evaluar la situación y determinar si se han vulnerado garantías básicas durante el proceso judicial y el tiempo que Castro permanece privada de libertad.
El mismo día en que se notificó esta comunicación internacional, el juzgado encargado del caso resolvió ampliar por tres meses más la detención preventiva de Claudia Castro en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes. Este centro penitenciario está ubicado en La Paz y es donde cumple su medida cautelar mientras avanza la investigación judicial. Cabe destacar que Castro es la única detenida preventiva entre los siete imputados vinculados a este caso complejo que involucra acusaciones graves como tráfico de influencias.
El abogado defensor, Marco Mostajo, ha señalado que esta medida extrema persiste a pesar de que su representada presentó certificados médicos oficiales que acreditan que padece epilepsia. Según Mostajo, las condiciones carcelarias no son adecuadas para una persona con esa enfermedad crónica, lo cual genera preocupación sobre su bienestar físico y mental dentro del penal.
Este proceso tiene antecedentes vinculados a un escándalo judicial iniciado el 11 de junio cuando Marcelo Lea Plaza, exjuez del municipio de Coroico, fue detenido tras dictar una resolución polémica. Lea Plaza había suspendido temporalmente a una magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Fanny Coaquira, e instruido al Tribunal Supremo Electoral habilitar a su suplente Iván Campero. Sin embargo, bajo presión institucional reveló un audio donde presuntamente se escucha al exministro César Siles ordenándole realizar dicha audiencia con la promesa de protección por parte del presidente del TDJ Yvan Córdova.
Este episodio desencadenó denuncias sobre intimidaciones provenientes incluso del Ministerio de Gobierno durante la gestión presidencial actual. Lea Plaza logró salir inicialmente con detención domiciliaria pero falleció posteriormente por un presunto autoatentado contra su vida atribuido al estrés y presión recibida debido a este proceso judicial.
En relación con las condiciones actuales en prisión, fuentes cercanas a la defensa informaron que personal judicial visitó recientemente el penal femenino para interrogar directamente a Claudia Castro sobre su salud y las amenazas que habría sufrido durante su reclusión. Esta diligencia se da dentro del marco del seguimiento solicitado por la CIDH para obtener datos concretos sobre el tipo y calidad del tratamiento médico recibido por la exvocal y para verificar las denuncias relativas a presuntos actos intimidatorios dentro del centro penitenciario.
La defensa sostiene que esta situación se agravó luego que Silvia Portugal, vocal titular en Sala Penal Primera, revocara una detención domiciliaria anterior concedida a Castro. Esta decisión judicial contrasta con las afirmaciones hechas por la acusada respecto a la falta absoluta de condiciones médicas adecuadas dentro del penal para atender su epilepsia.
En otro plano, Claudia Castro ha declarado ante la Fiscalía una hipótesis respecto a los motivos reales detrás de su encarcelamiento: considera que se trata principalmente de impedir una investigación exhaustiva sobre documentos presentados por la magistrada Coaquira ante la Asamblea Legislativa durante su postulación al TSJ. En concreto, esta denuncia está relacionada con una posible falsedad documental contenida en una declaración jurada donde Coaquira aseguraba haber impartido clases en una universidad estatal. El procedimiento legal iniciado por esta denuncia fue tramitado inicialmente ante Marcelo Lea Plaza antes de estallar todo el escándalo.
El medio EL DEBER intentó obtener comentarios directos desde Claudia Castro respecto al pedido formulado por la CIDH; sin embargo, como ha ocurrido en ocasiones anteriores, no hubo respuesta oficial ni pronunciamiento público por parte de la exvocal ni sus representantes legales hasta el momento.
Este caso refleja no solo complejidades legales y políticas dentro del sistema judicial boliviano sino también pone bajo escrutinio internacional las garantías procesales y los derechos humanos fundamentales en contextos penales delicados. La intervención activa por parte de organismos multilaterales como la CIDH subraya la importancia vital que tiene asegurar condiciones dignas para quienes enfrentan procesos penales complejos y resguardar sus derechos ante eventuales abusos o irregularidades institucionales. Además constituye un llamado constante para mantener transparencia e independencia judicial frente a presiones políticas o mediáticas sustanciales presentes en casos emblemáticos como este
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