La mañana de este miércoles se vivió una tensa jornada en la ciudad de La Paz, donde un grupo numeroso de conductores del transporte público decidió b
La mañana de este miércoles se vivió una tensa jornada en la ciudad de La Paz, donde un grupo numeroso de conductores del transporte público decidió bloquear la calle Campos, la cual alberga las oficinas de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Esta movilización surge como respuesta a los recientes anuncios del organismo fiscalizador respecto a una mejora en los controles de calidad de los combustibles que se comercializan en el país. Sin embargo, para los choferes, estas medidas no son suficientes y reclaman una compensación por los daños que aseguran han sufrido sus vehículos debido a la mala calidad del combustible.
La protesta fue organizada por la dirigencia del sector, quienes dejaron en claro que su única demanda es el resarcimiento económico por los perjuicios ocasionados. Aseguraron que, de no recibir una respuesta favorable, están dispuestos a intensificar las medidas de presión. Esta determinación refleja el malestar creciente entre los transportistas, quienes sostienen que el problema no es nuevo y que las autoridades deben asumir responsabilidades concretas para reparar los daños materiales.
Durante la manifestación, los conductores exhibieron muestras del combustible adquirido en semanas anteriores para evidenciar la deficiente calidad del mismo. Además, mostraron piezas mecánicas dañadas como pistones y varillas, que atribuyen directamente al uso de esa gasolina adulterada o de baja calidad. El ejecutivo de la Federación de Choferes Chuquiago Marka, Santos Escalante, enfatizó que esta situación genera gastos considerables para cada transportista y que ya no están dispuestos a asumirlos sin algún tipo de indemnización.
Esta protesta en La Paz se suma a otra similar realizada en Oruro, donde un grupo de choferes también tomó medidas frente a una planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), exigiendo respuestas por el deterioro causado a sus vehículos. Ambos episodios reflejan un problema extendido y recurrente en el sector del transporte público relacionado con la calidad del combustible suministrado por las entidades estatales.
Por su parte, el Gobierno respondió a estas denuncias mediante declaraciones oficiales del ministro de Hidrocarburos y Energías, Mauricio Medinaceli. El funcionario responsabilizó a la gestión anterior por la mala calidad detectada en algunos lotes de gasolina y afirmó que los combustibles importados actualmente por YPFB cuentan con certificaciones que garantizan su calidad. Además, aseguró que tanto la gasolina como el etanol utilizado para su mezcla cumplen con las especificaciones técnicas establecidas.
El presidente de YPFB, Yussef Akly, también intervino señalando que ya se tomaron acciones correctivas para resolver esta situación. Explicó que el origen del problema radica en residuos encontrados en tanques usados para almacenar combustibles durante la administración pasada, lo cual habría afectado temporalmente la calidad del producto distribuido.
Este conflicto pone en evidencia una serie de desafíos ligados al control y fiscalización efectiva sobre los combustibles vendidos a nivel nacional y sus repercusiones directas sobre sectores clave como el transporte público. La protesta y las demandas planteadas expresan un reclamo legítimo por parte de quienes dependen diariamente del buen funcionamiento mecánico para desempeñar su labor y sostener sus ingresos.
La población usuaria del transporte público también podría verse afectada ante eventuales interrupciones o incrementos en tarifas derivadas de estos conflictos entre conductores y autoridades hidrocarburíferas. Por ello, resulta imperativo encontrar soluciones rápidas y transparentes que garanticen tanto la calidad del combustible como las condiciones adecuadas para quienes movilizan a millones diariamente.
En síntesis, esta serie de protestas representa un llamado urgente al diálogo entre el sector transporte y las instituciones responsables del suministro y control hidrocarburífero. La defensa del derecho al trabajo digno y sin perjuicios materiales debe conjugarse con políticas públicas efectivas orientadas a evitar futuras crisis similares que puedan afectar tanto a conductores como a usuarios finales. Mientras tanto, las medidas adoptadas por YPFB y el ministerio correspondiente serán observadas atentamente para evaluar su impacto real sobre la mejora anunciada en la calidad del combustible comercializado
COMMENTS