Desde hace un tiempo, el sector campesino ha enfrentado dificultades significativas derivadas de la paralización de tres proyectos productivos financi
Desde hace un tiempo, el sector campesino ha enfrentado dificultades significativas derivadas de la paralización de tres proyectos productivos financiados con recursos del Programa de Desarrollo Productivo Agropecuario y Forestal (Prosol). Estas iniciativas contemplaban la instalación de una fábrica de malla antigranizo, otra para la producción de tubos de plástico, así como una planta dedicada a la elaboración de jugos y mermeladas. Sin embargo, a pesar del avance inicial en la implementación, los emprendimientos quedaron inconclusos, lo que ha generado preocupación y descontento entre los pequeños productores que depositaron su confianza y recursos en estas propuestas.
La dirigente campesina Trinidad Constancio Alvarado ha sido una voz crítica y representativa en este proceso. En sus declaraciones recientes, recordó que desde el inicio de la actual gestión administrativa no se logró concretar las obras necesarias para que las fábricas entraran en funcionamiento pleno. Según su testimonio, la falta de apoyo político y gestión efectiva por parte del gobernador en ejercicio fue un factor determinante para que estos proyectos no prosperaran como se esperaba. Esta situación ha provocado un daño económico directo a los campesinos involucrados, quienes invirtieron aproximadamente dos millones de bolivianos en cada una de las plantas industriales.
Ante este panorama, los campesinos han decidido esperar la elección del nuevo gobernador antes de tomar nuevas decisiones respecto a estos emprendimientos. La expectativa está puesta en que la próxima autoridad muestre una verdadera voluntad política para retomar y concluir estos proyectos. La dirigencia del sector plantea que el nuevo gobernador debe asumir con responsabilidad su rol, cumplir con sus obligaciones y evitar repetir errores que han perjudicado a los pequeños productores al dejar abandonados proyectos con alto potencial productivo. Asimismo, se busca que el Prosol no continúe fragmentándose en iniciativas pequeñas e inconexas, sino que se transforme en un mecanismo capaz de impulsar a los agricultores hacia una mayor escala empresarial.
En ese sentido, se está aguardando un informe detallado elaborado por profesionales de la universidad estatal local. Este estudio técnico-legal y económico tendrá como objetivo evaluar el estado actual de las fábricas inconclusas, incluyendo un análisis exhaustivo sobre si los equipos y maquinarias adquiridos sufrieron algún tipo de deterioro durante el tiempo en que quedaron sin uso o mantenimiento adecuado. La información recopilada será fundamental para definir las acciones futuras y establecer posibles responsabilidades ante eventuales daños o pérdidas sufridas.
Desde el sector campesino existe una firme convicción sobre la necesidad de transformar a los pequeños productores agropecuarios en actores económicos más fuertes y competitivos. La dirigencia insiste en que es posible fortalecer a estos agricultores para que pasen a ser medianos empresarios capaces de generar mayor valor agregado e incidir positivamente en el desarrollo regional. Sin embargo, resaltan que esta meta requiere un compromiso real por parte de las autoridades políticas y administrativas para brindar el soporte necesario y evitar que proyectos estratégicos queden simplemente “a medias”, como ha sucedido hasta ahora.
En definitiva, la experiencia vivida con estas tres fábricas pone en evidencia los desafíos asociados a la gestión pública y al acompañamiento institucional dentro del sector agropecuario local. Para los campesinos involucrados representa no solo una pérdida económica sino también un golpe a sus expectativas de progreso y desarrollo sostenible. Por ello, esperan con esperanza un cambio significativo tras la renovación gubernamental, confiando en que se retomarán estas iniciativas con mayor seriedad y compromiso para evitar futuros retrocesos. El desenlace definitivo dependerá del cumplimiento efectivo de las promesas políticas y del trabajo conjunto entre productores, técnicos e instituciones responsables para consolidar un modelo productivo más sólido e inclusivo




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