Campesinos de Cochabamba piden a la Contraloría intervenir el CRAMA

Luis Alfaro, exlíder de la Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tarija (FSUCCT), ha solicitado formalmente a la Contraloría General del Estado que intervenga en el Consejo Regional de Abastecimiento y Mercadeo Agropecuario (CRAMA) para que se esclarezca la gestión financiera de esta entidad. La petición surge en un contexto de creciente preocupación por la falta de transparencia en las recaudaciones mensuales, especialmente a dos años de que concluya el convenio de comodato que regula la administración del terreno donde se ubica el Mercado Campesino.

Alfaro destacó que en los últimos tiempos se han difundido denuncias relacionadas con presuntas irregularidades financieras dentro del CRAMA, incluyendo acusaciones de desvío de fondos y corrupción, las cuales hasta ahora solo han quedado en el ámbito mediático sin avances concretos. Por esta razón, considera indispensable la intervención de la Contraloría para garantizar una rendición de cuentas adecuada.

El exdirigente recordó que el terreno donde opera el CRAMA es propiedad pública, perteneciente a la Gobernación y la Alcaldía, y que hace 25 años se otorgó la administración del Mercado Campesino mediante un Decreto Supremo y un convenio con la Prefectura. Sin embargo, a pesar del comodato, el predio sigue siendo un bien público, lo que implica la obligación de transparentar su manejo administrativo y financiero.

Alfaro también denunció que un grupo de dirigentes, algunos provenientes del sector gremial, se han apropiado de la gestión del CRAMA en representación de la FSUCCT, lo que ha generado preocupación sobre la administración actual. Ante esta situación, solicitó a la Contraloría una intervención inmediata para proteger estos bienes públicos.

El exdirigente comparó la situación actual con la que encontraron en 2001, cuando recibieron el CRAMA con ingresos mensuales de 50.000 bolivianos y gastos de 55.000 bolivianos, gestionando 22 funcionarios. Posteriormente, se redujo el personal y la administración entregó ingresos mensuales de 280.000 bolivianos y gastos de 80.000 bolivianos, con el excedente invertido en mejoras de infraestructura. En contraste, hoy en día desconocen los montos recaudados, ya que los encargados actuales se niegan a revelar esta información, alegando que se trata de una organización privada. Esta falta de transparencia ha generado alarma y la petición de una revisión exhaustiva