Campero denuncia a exmandatario por terrorismo y pacto de impunidad

La diputada Luciana Campero, representante de Comunidad Ciudadana, expresó su convicción de que se han cometido actos que atentan contra la vida de ciudadanos bolivianos y contra el propio pueblo. Sostuvo que no existe falta más grave que instrumentalizar el hambre con fines políticos. Observó que recientemente se ha privado de alimentos a ciertas poblaciones, lo cual, en su opinión, busca satisfacer el ego del exmandatario y facilitar un intento de reelección que contraviene la Constitución Política del Estado y dictámenes previos del Tribunal Constitucional.

Para la representante nacional, el exmandatario busca constantemente pretextos para generar inestabilidad en el país con el fin de retornar al poder. Sin embargo, señaló que en este contexto de violencia existen colaboradores. Afirmó que mientras se incita al bloqueo y se generan incendios, el actual gobierno observa pasivamente, configurando lo que describió como una alianza de impunidad. Argumentó que el presidente y el presidente del Senado han priorizado no confrontar al exmandatario por encima de la protección de la vida de los bolivianos, indicando que esta inacción también tiene consecuencias fatales. Según su perspectiva, existió un entendimiento tácito para seguir garantizando impunidad y evitar molestar al exmandatario desde el ámbito gubernamental. Consideró que esta situación también convenía al gobierno nacional, ya que los bloqueos servían para justificar la escasez de combustible en las ciudades y el incremento en el precio de los productos básicos.

Respecto a los incidentes violentos registrados en Llallagua y los reportes gubernamentales sobre el uso de armamento de fuego y posibles vínculos con actividades de narcotráfico, la diputada indicó que la conexión entre el exmandatario y el narcotráfico es una denuncia recurrente. Explicó que esta vinculación facilitaría recursos económicos para quienes participan en los bloqueos, así como la provisión de armas de fuego. Contrastó esto con la situación de los efectivos policiales enviados a enfrentar estas manifestaciones, a quienes describió como jóvenes, posiblemente sin la experiencia requerida para las tareas de desbloqueo, y sin el equipamiento necesario.

La parlamentaria por Tarija informó que presentó una acción legal la semana anterior contra el exmandatario. La denuncia se fundamenta en los delitos de instigación pública a delinquir, asociación delictuosa y terrorismo. Detalló que lo observado en lugares como Llallagua, en el norte potosino, constituye terrorismo, aunque lamentó que la máxima autoridad del Ministerio Público no lo reconozca así. Ejemplificó que impedir el paso de ambulancias que transportan insumos médicos esenciales como sangre, oxígeno, medicamentos o heridos, califica como acto terrorista. Asimismo, disparar a un agente policial por la espalda con armas de largo alcance, cercar una población para provocar escasez de alimentos, o saquear viviendas particulares, puestos policiales, estaciones de servicio y comercios, privando a las familias de sus medios de subsistencia, son, a su juicio, manifestaciones de terrorismo.

Actualmente, se aguarda la determinación de la Fiscalía sobre la admisión o rechazo de la denuncia formalizada el pasado martes. Adicionalmente, se interpuso una denuncia por incumplimiento de deberes contra quienes ocuparon y ocupan la cartera de Gobierno, argumentando que no ejecutaron la orden de aprehensión que pesaba sobre el exmandatario. La diputada concluyó que, de haberse procedido a la detención del exmandatario conforme a lo dispuesto por la justicia, se habrían evitado los episodios de violencia y luto que afectaron a la población boliviana