La fase culminante del proceso judicial contra el expresidente, por su presunta implicación en un intento de golpe de Estado, dio inicio el pasado 2 d
La fase culminante del proceso judicial contra el expresidente, por su presunta implicación en un intento de golpe de Estado, dio inicio el pasado 2 de septiembre. La ausencia del exmandatario en esta audiencia se atribuye a motivos de salud; se ha informado que padece esofagitis, lo que le impide comparecer.
A sus 70 años, el exjefe de Estado, quien actualmente se encuentra bajo arresto domiciliario, ha visto confirmados sus problemas de salud por su propia familia, motivo por el cual no se solicitó la autorización necesaria para que pudiera abandonar su residencia y asistir a las sesiones.
La sesión inaugural de esta etapa crucial comenzó a las 9:00, hora local, de aquel martes. En los días venideros, los magistrados del Tribunal Supremo emitirán sus veredictos sobre la conducta de los acusados. El juez Alexandre de Moraes, al presentar su informe sobre la causa penal vinculada a la supuesta conspiración golpista, marcó el inicio de lo que se considera el epílogo de uno de los episodios más complejos en la historia democrática del país.
Los miembros del alto tribunal dedicarán al menos cinco días, entre el 2 y el 12 de septiembre, a debatir los detalles del caso. Se prevé que para esta última fecha culmine la fase decisiva y se dé a conocer la sentencia.
El presunto intento de golpe de Estado, que se materializó con el asalto a las sedes de los tres poderes de la nación por parte de simpatizantes del expresidente el 8 de enero de 2023, ha llevado a que un total de 1.190 personas hayan sido declaradas responsables de los ataques contra el Palacio de Planalto, el Congreso y el Supremo Tribunal Federal. Este grupo incluye tanto a los supuestos autores materiales, presentes en la Plaza de los Tres Poderes aquel domingo de enero, como a los instigadores que colaboraron de diversas maneras con los hechos. Ahora, el Tribunal Supremo Federal concentra su atención en aquellos que la Procuraduría General de la República identifica como los líderes del movimiento golpista.
Además del expresidente, la lista de acusados incluye a cuatro exministros de Estado: Anderson Torres, Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira y Walter Braga Netto; el excomandante de las Fuerzas Armadas, Almir Garnier; el exjefe de los servicios de inteligencia, Alexandre Ramagem; y un exayudante de campo, Mauro Cid, quien ha cooperado con la investigación. Seis de los implicados son militares, lo que subraya la naturaleza histórica de este juicio en el territorio brasileño.
Las acusaciones se sustentan en un amplio conjunto de pruebas. En el escrito de imputación, el fiscal general Paulo Gonet señala al expresidente como el cabecilla de una organización criminal, cimentada en un proyecto de poder autoritario, con el objetivo de perpetrar un golpe de Estado, influenciada fuertemente por sectores militares. En sus alegatos finales, presentados el mes anterior, Gonet sostuvo que el expresidente actuó sistemáticamente, durante su mandato y tras su derrota electoral, para incitar a la insurrección y desestabilizar la democracia. Asimismo, argumentó que los actos golpistas del 8 de enero constituyeron el desenlace de un movimiento que propugnaba la ruptura democrática.
La imputación contra el denominado núcleo crucial de la trama golpista incorpora mensajes, documentos y vídeos que, a juicio de la Fiscalía General de la República, demuestran la conspiración para desacreditar el sistema electoral, iniciada en julio de 2021, y crear un ambiente propicio para la toma de poder en caso de una derrota electoral al año siguiente, tal como finalmente ocurrió. En total, la causa cuenta con 1.764 elementos, que suman 80 terabytes de archivos, un volumen equivalente a más de 26 millones de fotografías o aproximadamente 20.000 largometrajes en alta definición.
El expresidente enfrenta cargos por organización criminal armada, intento de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado, daños calificados como violentos y grave amenaza a la propiedad federal con daños considerables, así como daños a bienes declarados. De ser hallado culpable, las penas máximas combinadas podrían ascender a 43 años de prisión.
Durante su interrogatorio, el expresidente admitió haber discutido alternativas a su derrota electoral de 2022, pero negó haber intentado un golpe de Estado. Declaró entonces que el plan no prosperó y que las propuestas fueron descartadas. Ahora, la sentencia del exmandatario está por definirse. Su futuro político ya se encuentra en pausa desde junio de 2023, cuando fue inhabilitado para ejercer cargos públicos por un período de ocho años, si bien él ha manifestado que no está muerto políticamente
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