Bolivia enfrenta 111 procesos judiciales por incendios forestales devastadores

El sistema judicial boliviano ha iniciado un total de 111 procesos legales relacionados con incendios forestales y quemas ilegales en el territorio nacional. De esta cifra, el departamento de Santa Cruz concentra la mayor parte de los litigios, superando la mitad del total de expedientes abiertos.

Detallando la naturaleza de estas acciones, 22 son de índole penal y 89 corresponden a la vía administrativa. En Santa Cruz, los casos se distribuyen en 42 administrativos y 20 penales, sumando 62 procesos. Le siguen en número de expedientes La Paz, con 19, y Beni, con 17, mientras que los 12 restantes se encuentran distribuidos en otras regiones del país. La mayoría de estas situaciones jurídicas, específicamente 66, afectan a propiedades privadas, y 23 inciden en comunidades.

A pesar del considerable volumen de acusaciones por incendios en el país, la cantidad de resoluciones judiciales firmes es notablemente baja. Hasta el momento, apenas cuatro procesos han culminado con una sentencia condenatoria. Tres de estas sentencias fueron dictadas en el municipio de Asunción de Guarayos, en Santa Cruz, y la cuarta se originó en un incidente en el Parque Nacional Tunari, ubicado en Cochabamba. En todos estos casos, los responsables fueron condenados a una pena de tres años de privación de libertad.

Existe una preocupación manifiesta por la lentitud de los procedimientos judiciales y la frecuente aparición de tácticas dilatorias en el ámbito legal. Esta situación se percibe como un obstáculo significativo para la aplicación efectiva de la justicia ambiental. La escasa cantidad de sentencias firmes ha generado un debate sobre la impunidad, argumentándose que la ausencia de sanciones contundentes no solo fomenta la repetición de delitos contra el medio ambiente, sino que también actúa como un incentivo para la proliferación de incendios provocados de manera ilegal. Por ello, se subraya la urgencia de una aplicación más rigurosa de la normativa vigente para los infractores, con la expectativa de que el presente año judicial marque un punto de inflexión en la lucha contra estos crímenes ambientales