El gobierno boliviano ha emitido el Decreto Supremo 5348, que permite a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) utilizar criptomonedas y d
El gobierno boliviano ha emitido el Decreto Supremo 5348, que permite a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) utilizar criptomonedas y dólares estadounidenses en entidades financieras estatales. Esta medida ha generado un intenso debate, especialmente entre los legisladores de la oposición.
Luciana Campero, diputada del partido Comunidad Ciudadana, comentó en un programa de televisión que el decreto no se limita únicamente al uso de criptomonedas para la adquisición de combustibles, sino que también autoriza a YPFB a acceder a los ahorros de los ciudadanos depositados en bancos públicos. Esto significa que si un individuo tiene ahorros en dólares, estos podrían ser utilizados por la empresa estatal, lo que podría generar preocupaciones sobre la disponibilidad de la divisa para los ahorradores.
La diputada advirtió que la utilización de los dólares que pertenecen a los ciudadanos, incluidos los fondos de pensiones administrados por la Gestora Pública, representa un grave problema. Campero calificó esta situación como un saqueo financiero, resultado de lo que considera un manejo económico deficiente por parte del gobierno actual y el impacto de dos décadas de gestión del Movimiento al Socialismo. Según ella, la corrupción y el mal uso de los recursos han llevado a una crisis que afecta a la población.
Además, Campero ha señalado que si el gobierno no responde adecuadamente a estas preocupaciones, los legisladores están dispuestos a presentar un recurso de inconstitucionalidad, argumentando que el decreto infringe derechos fundamentales de los ciudadanos en relación con sus ahorros.
La diputada también sugirió que, para abordar la escasez de combustible en el país, sería prudente permitir la importación de combustibles por parte del sector privado, eliminando las restricciones burocráticas que actualmente limitan esta actividad
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