Bolivia enfrenta su quinto día consecutivo de bloqueos en varias regiones del país, sin indicios claros de que se reanuden las conversaciones entre el
Bolivia enfrenta su quinto día consecutivo de bloqueos en varias regiones del país, sin indicios claros de que se reanuden las conversaciones entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB). Las interrupciones viales, concentradas principalmente en el occidente, mantienen prácticamente aisladas a ciudades clave como La Paz y El Alto, lo que dificulta el transporte habitual de personas, alimentos, combustibles y suministros médicos. Esta situación afecta de manera significativa a sectores estratégicos como el turismo, el transporte y la producción alimentaria.
El escenario económico es especialmente delicado, considerando que aproximadamente el 80% de la población trabaja en la informalidad, sin ingresos fijos ni beneficios sociales. Para numerosos pequeños emprendedores —incluyendo guías turísticos, transportistas, comerciantes y productores— cada día de paralización representa una pérdida económica directa y difícil de recuperar.
En cuanto a la extensión de los bloqueos, autoridades policiales han confirmado la existencia de decenas de puntos activos en al menos cinco departamentos. La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reportó más de 60 cortes de ruta que afectan regiones como La Paz, Oruro, Cochabamba, Potosí, Santa Cruz y Beni, siendo La Paz la más impactada. En esta zona, la Federación de Trabajadores Campesinos Tupac Katari mantiene una participación activa y realizó una reunión ampliada para definir sus acciones.
Desde la COB se indica que las movilizaciones continúan en aumento, con al menos 82 interrupciones de tráfico en todo el país. Frente a esta situación, la Policía ha implementado órdenes operativas para garantizar el paso prioritario de vehículos de emergencia y facilitar el traslado de personas varadas.
El sector del transporte denuncia un grave perjuicio económico. El presidente de la Cámara de Transporte del Oriente advirtió que, de persistir los bloqueos, las exportaciones podrían paralizarse y los precios de productos en los mercados internos aumentarían. Según sus estimaciones, las pérdidas diarias ascienden a unos 20 millones de bolivianos debido a la imposibilidad de que los camiones operen con normalidad, lo que afecta toda la cadena logística y pone en riesgo el abastecimiento nacional.
Por su parte, el Gobierno ha señalado que el diálogo con la COB se interrumpió debido a diferencias irreconciliables entre las partes, a pesar de los avances previos para modificar el Decreto Supremo 5503. Esta norma, que eliminó la subvención a los combustibles, forma parte de un paquete de ajustes hacia una economía de mercado, incluyendo disposiciones para el gobierno a distancia mediante tecnologías digitales. El Ejecutivo manifestó su disposición a modificar al menos 35 de los 121 artículos del decreto, mientras que la COB exige su abrogación total.
El Gobierno calificó la postura sindical como intransigente y destacó que, en poco más de tres semanas de vigencia del decreto, se logró un ahorro de 240 millones de dólares. A su vez, acusó a la dirigencia sindical de emplear tácticas dilatorias durante las negociaciones. En respuesta, el máximo dirigente de la COB convocó a intensificar las movilizaciones en todo el país y calificó al Gobierno de insensible, advirtiendo que la falta de atención a las demandas populares podría desencadenar un aumento de la tensión social.
El sector turístico es uno de los más afectados por la crisis. Ante la imposibilidad de que turistas extranjeros abandonen Uyuni, en plena temporada alta, el Ministerio de Turismo organizó una operación humanitaria con dos vuelos chárter de la Fuerza Aérea Boliviana para evacuar a cerca de 135 personas. La ministra del área expresó preocupación por el daño a la imagen internacional del país, que ya es percibido como un destino inseguro debido a la frecuencia de conflictos sociales. Se estima que las pérdidas diarias en turismo oscilan entre 4 y 4,5 millones de dólares, afectando reservas, empleo e ingresos de miles de familias vinculadas a esta actividad.
En el ámbito alimentario, la crisis también se profundiza. El sector avícola reporta pérdidas semanales cercanas a los 68,5 millones de bolivianos, a las que se suman entre 13 y 15 millones adicionales por los bloqueos. En Santa Cruz, donde se produce el alimento para pollos, la sobreoferta mantiene bajos los precios, mientras que en el occidente del país se registra escasez debido a la dificultad para transportar productos. Actualmente, el sector opera con un 40% de capacidad ociosa, equivalente a 10 millones de pollos mensuales que podrían destinarse a la exportación, generando ingresos anuales estimados en 220 millones de dólares, cifra que se ve truncada por la situación actual.
La salud pública también está en riesgo debido a los bloqueos. La Cámara Nacional de Industrias alertó sobre la afectación en el tránsito de cisternas con oxígeno medicinal y otros insumos médicos esenciales, poniendo en peligro la vida de numerosos pacientes. La ministra de Salud denunció agresiones, retenciones de ambulancias y amenazas durante los operativos de evacuación, incluso hacia personas con enfermedades crónicas y mujeres embarazadas.
Finalmente, la organización del Carnaval de Oruro, reconocido por la UNESCO como Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad, advirtió que los bloqueos podrían comprometer el normal desarrollo de esta festividad, que en 2025 generó un impacto económico aproximado de 450 millones de bolivianos. La incertidumbre generada por los conflictos sociales podría provocar cancelaciones de viajes y devoluciones de reservas, afectando no solo a Oruro sino también a la economía nacional en general
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