El club Blooming ha interpuesto una querella formal ante el Tribunal de Disciplina Deportiva (TDD), dirigiendo sus acusaciones contra los integrantes
El club Blooming ha interpuesto una querella formal ante el Tribunal de Disciplina Deportiva (TDD), dirigiendo sus acusaciones contra los integrantes de la Comisión Organizadora de Competiciones de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) y el presidente del club Guabirá, Rafael Paz. Los cargos imputados incluyen incitación a la hostilidad y a la violencia, prevaricato, incumplimiento de las reglas de juego y abuso en el uso de escenarios acreditados.
La entidad cruceña ha solicitado que los querellados sean inhabilitados de sus funciones por un período de dos años y que se les imponga el pago de una compensación por los daños y perjuicios ocasionados.
Esta acción legal surge a raíz de los graves disturbios registrados el pasado domingo por la tarde, tras el empate 1-1 entre Guabirá y Blooming en el estadio Gilberto Parada de Montero, correspondiente a la novena jornada de la Copa Bolivia. En las inmediaciones del recinto deportivo, se produjeron violentos enfrentamientos entre aficionados de ambos equipos, con el lanzamiento de piedras, petardos y objetos contundentes, que dejaron a varias personas con heridas de consideración.
En su presentación, Blooming detalla que había solicitado ejercer su derecho de localía en el estadio Real Santa Cruz, en lugar del Gilberto Parada. La justificación de esta petición se fundamentaba en la seguridad de sus seguidores, argumentando que disputar el encuentro en Montero representaba un riesgo para todos los involucrados. A pesar de esta solicitud, la Comisión Organizadora de la FBF ratificó en dos ocasiones la decisión de que el partido se jugara en Montero.
El club afectado sostiene que la postura del presidente de Guabirá prevaleció sobre las determinaciones de la Comisión de la FBF, la cual, a pesar de las objeciones, mantuvo su determinación de celebrar el encuentro en Montero, lo que, según la denuncia, evidenciaría una influencia indebida. Esta controversia generó un intenso debate en plataformas digitales y una pugna mediática en torno a la sede del partido. Declaraciones públicas atribuidas al presidente del club local, como Montero se respeta, habrían exacerbado las tensiones y provocado una escalada de desafíos entre las facciones de aficionados.
La entidad denunciante afirma que la Comisión ignoró los riesgos latentes y forzó al equipo, a sus seguidores y socios a trasladarse a Montero, pese a no ejercer la localía y sin un sustento normativo deportivo claro, interpretando esta acción como un abuso de autoridad. Asimismo, se advirtió al club que su incomparecencia resultaría en un walk over. Esta serie de eventos, según la querella, culminó en un altercado masivo entre barras bravas, dejando un saldo de personas heridas tras la finalización del cotejo
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