Auditoría en Cosaalt Tarija detecta perjuicio económico de casi Bs 4 millones por multas

Se han completado los procesos de auditoría interna destinados a examinar las responsabilidades derivadas de multas impuestas a la Cooperativa de Servicios de Agua y Alcantarillado de Tarija (Cosaalt) durante gestiones anteriores. Estos trabajos técnicos señalan la existencia de un posible perjuicio económico que se aproxima a los 4 millones de bolivianos. Aunque se contempla la presentación de recursos de excepción, se estima que su impacto en el resultado final será limitado.

En relación con estos hallazgos, el presidente del Consejo de Administración de Cosaalt explicó que la auditoría fue un factor determinante en la decisión de cesar al anterior gerente, José Luis Patiño. Esta medida buscó asegurar la independencia del proceso de revisión y evitar cualquier posible interferencia. El mismo directivo expresó confianza en que las futuras acciones demostrarán una mejora significativa en la gestión administrativa de la cooperativa.

Asimismo, no descartó la posibilidad de iniciar acciones legales contra quienes resulten responsables del menoscabo financiero ocasionado a la institución. Se subrayó la necesidad de que las personas naturales asuman las consecuencias de su falta de diligencia o de omisiones en la presentación oportuna de informes.

Respecto a la demanda de los vecinos y socios para convocar a una asamblea general con el fin de informar sobre la situación económica de Cosaalt y la cuantiosa multa pendiente con la Gobernación, el presidente del Consejo informó que se ha programado una reunión para este martes con el Consejo de Vigilancia. El objetivo de este encuentro es definir la fecha exacta para la realización de dicho evento.

Se indicó que la demora en la convocatoria de la asamblea se debió a la espera de los resultados de esta auditoría, particularmente en lo referente a los balances de la cooperativa. A pesar de los desafíos mencionados, se afirmó que Cosaalt mantiene una condición financiera saludable.

Cabe recordar que la cooperativa tiene pendiente el pago de 2.7 millones de bolivianos a la Gobernación de Tarija, resultado de un proceso administrativo y ambiental