Una reciente controversia ha emergido en el ámbito judicial, centrada en supuestos intentos de influir en decisiones ya tomadas. Un asambleísta depart
Una reciente controversia ha emergido en el ámbito judicial, centrada en supuestos intentos de influir en decisiones ya tomadas. Un asambleísta departamental ha expresado su preocupación ante lo que describe como una intervención del Ministerio de Justicia, a través del Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, con el aparente propósito de reactivar un proceso legal que lo involucra a él y al exgobernador Mario Cossío, y que ya había sido declarado prescrito por la justicia ordinaria.
El epicentro de esta disputa radica en el caso denominado “Variantes al Chaco Serranía Tapecua – Zapaterambía – Itaguazuti”. Este proceso judicial, con una extensión de quince años, fue recientemente dictaminado como prescrito por la Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija. La resolución se fundamentó en el principio de razonabilidad procesal y en el artículo 29 del Código Penal, que establece un límite temporal para los procesos, impidiendo que duren más del doble de la pena máxima prevista para el delito imputado. A lo largo de todo este prolongado periodo, no se logró probar la comisión de un ilícito.
Pese a la resolución judicial que declaró la prescripción, el Ministerio de Justicia ahora procura la anulación de dicha determinación a través de la interposición de un amparo constitucional. Esta acción ha sido impulsada por Fabricio Salinas Rocha, viceministro de Lucha Contra la Corrupción.
Desde la perspectiva del legislador departamental, la actuación del viceministro se percibe como una injerencia política directa sobre un proceso que, por el agotamiento de sus plazos legales, debía considerarse concluido. Se interpreta esta maniobra como parte de una estrategia política más amplia, orientada a mantener vigentes causas judiciales contra figuras que en el pasado fueron oponentes al Movimiento Al Socialismo. Un ejemplo de ello es Mario Cossío, quien dejó el país en 2010 tras ser suspendido de su cargo de gobernador a raíz de un proceso judicial que también fue impulsado por la mencionada fuerza política
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