La Central Obrera Boliviana (COB), una de las principales entidades representativas de los trabajadores en el país, ha salido al paso de las recientes
La Central Obrera Boliviana (COB), una de las principales entidades representativas de los trabajadores en el país, ha salido al paso de las recientes acusaciones formuladas por la Fiscalía, que señalan la posible participación del exdirigente Juan Carlos Huarachi en la organización del último paro nacional llevado a cabo por esta organización sindical. La dirigencia de la COB ha calificado estas imputaciones como un complot diseñado para desacreditar y debilitar la legitimidad de sus movilizaciones y demandas laborales.
Mario Argollo, ejecutivo del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de la COB, manifestó que esta estrategia represiva responde a un intento del gobierno por deslegitimar las protestas obreras que han sido organizadas a través de procesos orgánicos internos, incluyendo ampliados nacionales y un cabildo nacional. Según Argollo, los paros y movilizaciones no son producto de acciones individuales o externas, sino fruto de decisiones colectivas adoptadas democráticamente dentro de la estructura sindical. La referencia a un supuesto direccionamiento desde el penal de San Pedro, donde se encuentra recluido el exdirigente Huarachi, fue rechazada categóricamente como una acusación cobarde e infundada.
El abogado defensor Abel Loma explicó que en una reciente requisa realizada en el penal de San Pedro se encontró un teléfono celular en posesión de Huarachi, en cuyo contenido se habrían hallado mensajes dirigidos a los sectores movilizados durante las protestas iniciadas a finales de 2025 y principios de 2026. Estas manifestaciones tuvieron como uno de sus principales detonantes la oposición al decreto 5503. Frente a esto, las autoridades penitenciarias decidieron trasladar al exdirigente al penal de Chonchocoro, medida que es interpretada por la COB como una forma adicional de presión política para obstaculizar su participación y liderazgo en el movimiento obrero.
En respuesta a esta situación, durante un ampliado urgente del CEN, la COB debatió intensamente las implicancias políticas y jurídicas del caso. Como resultado, emitieron una resolución formal rechazando cualquier intento de persecución contra sus dirigentes y denunciando las políticas gubernamentales que buscan dividir y debilitar al movimiento sindical. Esta postura refleja el firme compromiso del sector obrero con la defensa de sus derechos y su autonomía frente a posibles injerencias externas.
El ampliado aprobó también una resolución compuesta por seis puntos fundamentales que marcan su agenda inmediata. Entre estos puntos se incluye la declaratoria del estado de emergencia ante cualquier modificación propuesta a la Ley General del Trabajo, así como la demanda para archivar definitivamente el proyecto denominado Ley Anti Bloqueos, actualmente en proceso de socialización. Además, exigen una investigación exhaustiva sobre el caso conocido como “las narcomaletas”, una problemática que ha generado gran preocupación entre los trabajadores por sus posibles vínculos con actores políticos o institucionales.
Asimismo, plantean soluciones inmediatas para mejorar la calidad y disponibilidad de gasolina en el país, un factor clave para el transporte y la actividad productiva. También solicitan informes claros sobre el destino e impacto económico de los créditos externos adquiridos por el Estado. Finalmente, instruyen a sus centrales obreras departamentales y seccionales a mantener una postura unificada frente a cualquier intento gubernamental orientado a promover divisiones internas dentro del movimiento sindical.
En este contexto tenso y conflictivo entre la COB y el gobierno nacional, destaca también la posición expresada por el presidente Rodrigo Paz quien advirtió que está dispuesto a dialogar con esta central solo si muestra disposición hacia una modernización; caso contrario, podrían enfrentar aislamiento político. Esta declaración pone en evidencia un clima político confrontacional que podría afectar negativamente las relaciones laborales y sociales en el país si no se establecen canales efectivos para el diálogo y la negociación.
La situación actual refleja no solo un enfrentamiento político entre sectores sindicales y gubernamentales sino también profundas tensiones sociales relacionadas con derechos laborales fundamentales. La COB reafirma su papel como representante legítimo de los trabajadores bolivianos al exigir respeto institucional y garantías para ejercer su derecho a movilizarse sin represalias ni persecuciones políticas. Las decisiones tomadas en su último ampliado muestran además una clara estrategia para resistir reformas legales percibidas como regresivas y defender los intereses colectivos frente a medidas consideradas perjudiciales para las condiciones laborales vigentes.
Este escenario tiene importantes implicaciones para toda la población trabajadora del país ya que cualquier cambio o conflicto en materia laboral repercute directamente en su calidad de vida, estabilidad económica y acceso a derechos básicos. Por ello resulta fundamental seguir con atención cómo evolucionan estas disputas políticas e institucionales entre la COB y el gobierno nacional durante los próximos meses
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