La abogada Isabel Moreno cuestiona la anulación del proceso penal de Evo Morales por parte de la jueza Lilian Moreno.

Análisis de la preocupación de la abogada por la decisión judicial y sus implicaciones legales.
La abogada Isabel Moreno ha levantado la voz ante la reciente resolución de la jueza Lilian Moreno que anuló el proceso penal de Evo Morales, argumentando que se han vulnerado los derechos legales y procesales en este caso.
La abogada Isabel Moreno ha expresado su preocupación por la reciente resolución emitida por la jueza Lilian Moreno, la cual anuló el proceso penal de Evo Morales. Según Moreno, la jueza se habría extralimitado en sus facultades, ya que un juez de garantías no tiene la potestad de anular este tipo de procesos. Además, la abogada señaló que se han vulnerado los derechos de la jueza, ya que el proceso en su contra se está llevando a cabo en La Paz, una jurisdicción que no es competente para conocer el caso, dado que los hechos tuvieron lugar en Santa Cruz.

En este sentido, Moreno enfatizó que la anulación del proceso de Morales constituye un exceso e una ilegalidad, mientras que el traslado del juzgamiento de la jueza a otra jurisdicción representa un atropello contra los principios procesales. Para garantizar una investigación imparcial y efectiva, la abogada considera que el proceso debe permanecer en el mismo lugar donde ocurrieron los hechos, es decir, en Santa Cruz. Según sus palabras, esto facilitaría la investigación, permitiendo al Ministerio Público actuar con mayor transparencia y eficacia al estar cerca del escenario de los acontecimientos.

Es evidente que la situación legal en torno a este caso plantea interrogantes sobre la correcta aplicación de la ley y la garantía de un proceso judicial justo para todas las partes involucradas. Ante estas circunstancias, se espera que las instancias judiciales competentes revisen detenidamente este caso y aseguren el respeto a los derechos de todas las partes, así como el cumplimiento de los principios legales y procesales que rigen en el sistema judicial del país.
Es necesario que las instancias judiciales competentes revisen detenidamente este caso para garantizar el respeto a los derechos de todas las partes y el cumplimiento de los principios legales.