La reciente inhabilitación de Mario Cossío como candidato a gobernador en Tarija ha generado un importante revuelo político en la región, especialment
La reciente inhabilitación de Mario Cossío como candidato a gobernador en Tarija ha generado un importante revuelo político en la región, especialmente por las especulaciones sobre posibles influencias externas en esta decisión. Sin embargo, el vocero de la alianza Patria en Tarija, Fabián Ochoa, ha salido al paso para desmentir cualquier vínculo de su partido o del presidente Rodrigo Paz con la determinación del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que dejó fuera de la contienda electoral al exdiputado y exgobernador.
El contexto de esta decisión se centra en una apelación presentada ante el TSE respecto al cumplimiento del requisito de residencia permanente por un período mínimo de dos años en el territorio donde se aspira gobernar. La Sala Plena del Tribunal resolvió favorablemente esta apelación, basándose en evidencias documentales que demostrarían que Cossío no cumplió con este mandato legal. Este requisito es fundamental para garantizar que los candidatos tengan arraigo y conocimiento profundo del lugar que buscan administrar, un elemento clave para la legitimidad del proceso electoral y la confianza ciudadana.
Fabián Ochoa atribuye la inhabilitación exclusivamente a errores cometidos por los abogados y asesores del propio Mario Cossío, quienes habrían presentado documentos contradictorios durante el proceso de habilitación. Entre estos documentos destaca una Declaración Voluntaria firmada por Cossío el 16 de diciembre de 2025 ante un Notario de Fe Pública, en la que aseguró residir durante dos años en la casa de su madre. Posteriormente, sin embargo, se presentó un certificado que lo acredita como refugiado político en Paraguay, lo cual contradice la información inicial y pone en duda el cumplimiento real del requisito de residencia.
Esta discrepancia documental fue clave para que el TSE fundamentara su decisión y declarara fundada la apelación que cuestionaba la permanencia efectiva del candidato en Tarija. Ante ello, Ochoa enfatiza que es responsabilidad directa del propio Mario Cossío esclarecer estos aspectos ante el electorado y evitar intentar presentarse como víctima dentro del proceso electoral. La claridad sobre este punto es fundamental para mantener la transparencia y confianza pública durante las elecciones.
Además, desde Alianza Patria se recalca con firmeza que ni su organización política ni el gobierno central han tenido alguna participación o influencia indebida en esta resolución judicial-administrativa. Ochoa subraya el respeto absoluto a la independencia de poderes y a las normativas vigentes dentro del Estado de derecho, remarcando que los órganos estatales actúan con autonomía y no bajo subordinación mutua como ocurría en épocas anteriores. Esta afirmación busca despejar cualquier duda sobre posibles manipulaciones políticas detrás de la inhabilitación y reafirma el compromiso con procesos electorales limpios y transparentes.
La relevancia de esta situación trasciende lo estrictamente legal pues afecta directamente a los ciudadanos tarijeños, quienes deberán evaluar cuidadosamente las implicaciones que tiene contar con candidatos plenamente habilitados y comprometidos con el cumplimiento normativo. La transparencia y veracidad documental son pilares esenciales para fortalecer la confianza ciudadana en los procesos democráticos locales.
En suma, la exclusión de Mario Cossío como candidato responde a una cuestión técnica basada en pruebas documentales contradictorias presentadas durante su inscripción electoral. Los actores políticos involucrados insisten en mantener una postura institucional respetuosa hacia las decisiones judiciales y administrativas emanadas del TSE, enfatizando la necesidad de fortalecer las garantías electorales mediante el respeto irrestricto a los requisitos legales establecidos para todos los aspirantes a cargos públicos. Esta situación pone nuevamente sobre la mesa la importancia de contar con asesoría legal rigurosa y coherente para evitar contratiempos que puedan afectar candidaturas legítimas y generar incertidumbre entre los electores




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