El diputado Adrián Vega ha expuesto la alarmante situación del sistema penitenciario en Bolivia, destacando casos específicos de hacinamiento extremo
El diputado Adrián Vega ha expuesto la alarmante situación del sistema penitenciario en Bolivia, destacando casos específicos de hacinamiento extremo en diferentes centros de reclusión. Durante su intervención, Vega mencionó el caso del penal de Beni, donde las condiciones son tan críticas que se han reportado hasta 30 reclusos en celdas diseñadas para albergar a un máximo de diez personas. La situación se agrava en Cochabamba, donde algunos internos se ven obligados a dormir en los baños debido a la falta de espacio.
La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados ha estado llevando a cabo una serie de inspecciones en los centros penitenciarios a lo largo del país. Hasta la fecha, se han visitado siete de los nueve departamentos, revelando serias deficiencias que incluyen hacinamiento, violaciones a los derechos humanos y demoras en los procesos judiciales.
Vega, quien representa al partido Comunidad Ciudadana, ha calificado la gestión de la Dirección General de Régimen Penitenciario y del sistema judicial como ineficaz, lo que ha contribuido al colapso de las cárceles. Según el legislador, más de 30,000 personas se encuentran actualmente en prisión, de las cuales solo un 30% cuenta con una sentencia definitiva. Esto implica que un porcentaje significativo de los internos se encuentra en detención preventiva, a la espera de un juicio.
En Tarija, la situación es igualmente preocupante, con niveles de hacinamiento que rondan el 100% en el penal de Morros Blancos. El diputado también subrayó que en el penal de Beni, el hacinamiento alcanza un alarmante 330%. En este contexto, muchos reclusos deben esperar a que los demás se acomoden en sus camas para poder extender una manta en el suelo y así encontrar un lugar donde dormir.
La falta de acceso a servicios básicos es otro de los problemas destacados por el diputado. En Morros Blancos, las condiciones de las cocinas son deplorables, con instalaciones que carecen de revestimientos adecuados, lo que permite que plagas como cucarachas y ratas se mezclen con los alimentos. La comida se sirve en recipientes improvisados, lo que refleja la precaria situación que enfrentan los internos.
Además, Vega ha señalado la carencia de asistencia social y médica en los centros penitenciarios. A pesar de que estos lugares deberían funcionar como centros de rehabilitación, el legislador sostiene que se han transformado en escuelas de delincuencia. La atención médica es insuficiente y, en algunos casos, se reportan prácticas de extorsión por parte de profesionales de la salud que deberían atender a los reclusos.
El diputado también ha señalado que el sistema judicial enfrenta una sobrecarga significativa. En Tarija, solo hay una sala de sentencia disponible, lo que limita enormemente la capacidad de respuesta judicial. Una situación similar se presenta en Potosí, donde existe una única sala penal para todo el departamento, mientras que en Cochabamba, cada una de las cuatro salas tiene más de 7,700 casos pendientes.
La Comisión de Derechos Humanos continuará su labor de inspección en los centros penitenciarios, con la intención de elaborar un informe que refleje la realidad del sistema. Esta problemática ha sido igualmente abordada por el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, quien ha señalado que el hacinamiento en las cárceles bolivianas supera el 150%, enfatizando la urgencia de implementar un plan de descongestionamiento.
De acuerdo con los datos de Régimen Penitenciario, en abril de 2023 había 25,940 reclusos, cifra que ha aumentado a 30,659 en el mismo mes de 2024. De este total, el 62.5% se encuentra en detención preventiva, mientras que el 37.5% cuenta con una sentencia condenatoria
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