ALDT investigará leyes observadas por Oscar Montes para garantizar transparencia y cumplimiento

Las autoridades ejecutivas de Tarija han instado nuevamente a la Asamblea Legislativa Departamental (ALDT) a emprender una revisión exhaustiva de un conjunto de aproximadamente noventa normativas, con el objetivo de evaluar su continuidad o derogación. Según la administración departamental, estas leyes imponen una carga financiera insostenible para las arcas públicas. Damián Castillo, quien preside la Asamblea, ha confirmado que el asunto será objeto de análisis y que la determinación final recaerá en el pleno del órgano legislativo.

Esta iniciativa no es novedosa. Ya en el año 2021, el gobernador había presentado una solicitud similar a la ALDT, argumentando que numerosas de estas disposiciones generaban compromisos presupuestarios que la Gobernación no estaba en capacidad de afrontar. Sin embargo, en aquel momento, la ausencia de una mayoría afín al ejecutivo en el legislativo y las divisiones políticas internas impidieron que la propuesta prosperara. Castillo ha señalado que, a principios de este año, el ejecutivo departamental reiteró la necesidad de revisar al menos una decena de leyes, formalizando la petición mediante una comunicación escrita esta semana.

La coyuntura económica actual, marcada por la disminución sostenida de los ingresos departamentales, ha propiciado una mayor apertura en la ALDT para debatir el futuro de estas regulaciones. El presidente de la Asamblea ha expresado que, si bien gestiones anteriores del cuerpo legislativo pudieron haber eludido la discusión de este tema, la situación financiera presente hace imperativo su análisis y posterior consideración en el pleno.

Entre las disposiciones que generan mayor presión financiera y son objeto de cuestionamiento por parte de la Gobernación, se encuentra la nivelación salarial del personal de salud, que representa un oneroso compromiso económico para el Tesoro Departamental. Castillo enfatizó que la función del cuerpo legislativo radica en examinar el planteamiento presentado y permitir que el pleno tome una decisión. Subrayó la importancia de que la normativa se ajuste a la realidad económica que atraviesa el departamento