Alcalde Jhonny Torres exige al candidato Paz cumplir acuerdo 50-50 de coparticipación municipal

La administración municipal de Tarija se prepara para solicitar formalmente al candidato presidencial entrante, Rodrigo Paz Pereira, el cumplimiento de su compromiso de una coparticipación tributaria del 50-50. Esta promesa, realizada antes de la segunda vuelta electoral, es ahora un punto central para el gobierno local, que busca confirmar la seriedad de dicha declaración más allá de la retórica de campaña.

De concretarse este esquema de distribución, se estima que el gobierno municipal de Tarija recibiría aproximadamente 200 millones de bolivianos anualmente. Estos recursos serían fundamentales para abordar necesidades críticas en la región, principalmente en el sector de la salud, incluyendo la financiación de ítems para personal médico. Los fondos excedentes podrían destinarse a otras prioridades municipales, como la adquisición de asfalto, la instalación de semáforos, la mejora del alumbrado público, el desarrollo de infraestructura y la compra de maquinaria esencial.

La implementación de una distribución equitativa requeriría un esfuerzo legislativo coordinado en el parlamento nacional. Sería indispensable la unidad entre las bancadas de diversas fuerzas políticas, incluyendo las de Tuto Quiroga, Samuel Doria y el presidente electo, para asegurar la mayoría o los dos tercios necesarios, según lo exija la normativa vigente.

Adicionalmente, la región aboga por una conciliación exhaustiva de cuentas con el gobierno central. Esta demanda incluye la devolución de los montos aportados por el departamento para el asfaltado de tramos que forman parte de la Red Vial Fundamental. El objetivo es que estos fondos sean restituidos al gobierno regional para contribuir a la resolución de su actual crisis económica.

La autoridad municipal también ha señalado la imperiosa necesidad de obtener financiamiento para la planta de tratamiento de aguas residuales, un proyecto que no pudo concretarse con la administración saliente, a pesar de las promesas realizadas durante los últimos tres años.

Existe la expectativa de que el modelo de coparticipación 50-50 pueda ser incorporado en el Presupuesto General del Estado (PGE) de 2026, cuya aprobación recaerá en el nuevo parlamento. Asimismo, se espera que otros compromisos importantes, como el Pacto Fiscal, se aborden inmediatamente después de la toma de posesión del nuevo gobierno. Se ha recordado que, en los últimos cinco años, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) nunca otorgó un crédito al municipio, a pesar de múltiples solicitudes, y se aspira a un cambio en esta situación.

Otro requerimiento crucial del municipio es la restitución del 12% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), que ha sido retenido de manera continua por el gobierno. Esta retención se justificó como un incentivo para la exploración petrolera, una actividad que, según las autoridades locales, nunca se llevó a cabo. A pesar de la ausencia de exploración, la deducción persiste. Los líderes municipales afirman que estos fondos, originalmente destinados a la exploración, fueron desviados para financiar la importación de diésel y gasolina, convirtiendo de facto a los municipios en financiadores indirectos de estos combustibles. Se espera una solución a esta problemática para el 9 de noviembre