Aduana de Oruro procesa a tres gerentes de DAB por 33 robos millonarios

La Aduana Nacional ha interpuesto una querella penal ante la Fiscalía Departamental de Oruro, dirigiendo su acción contra dos exgerentes generales y el actual titular de la empresa estatal Depósitos Aduaneros Bolivianos (DAB). La acusación se fundamenta en la presunta comisión de delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. Esta medida surge a raíz de la supuesta inacción frente a 33 incidentes de robo o extravío de mercancía comisada, cuyo valor total asciende a 7.3 millones de bolivianos.

La base de esta acción legal es un informe técnico detallado, elaborado por la Unidad Técnica de Inspección de Servicios Aduaneros (Utisa), una dependencia de la propia Aduana Nacional. Este documento registra los hechos ocurridos en el periodo comprendido entre 2021 y 2024. Rubén Ayala, jefe de la Unidad Jurídica de la Aduana, confirmó la presentación de la querella, señalando que el proceso se encuentra en una etapa preliminar y que se ha programado una inspección para la semana en curso.

El gerente regional de la Aduana en Oruro, Olberth Maydana, figura como querellante en el documento. Los individuos señalados en la denuncia son Gonzalo García Grandi, quien ejerció como gerente de la DAB entre 2019 y 2022; Óscar Chambi Larico, gerente de 2022 a 2024; y el actual titular, Iván Víctor Meneses Cusicanqui, en funciones durante el periodo 2024–2025.

A esta denuncia se han sumado representantes de la Procuraduría General del Estado y del Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, lo que subraya la relevancia institucional del caso. No obstante, a más de tres meses de la presentación de la querella, aún no se han registrado imputaciones ni detenciones.

Según la información contenida en la querella, la Utisa solicitó informes internos a la Unidad de Control de Concesiones e Inversión Pública. Estos reportes fueron los que permitieron identificar los 33 casos de extravíos y/o pérdidas de mercancías que estaban almacenadas en el recinto aduanero de Oruro, bajo la custodia de la DAB en virtud de un contrato de concesión. Los querellantes han manifestado su derecho a ampliar la investigación contra otros funcionarios o terceros que pudieran estar involucrados en la sustracción de la mercadería.

Ante la magnitud del presunto daño económico al Estado, la Aduana ha solicitado a la Fiscalía que se realicen diversas indagaciones sobre el patrimonio de los tres denunciados. En este sentido, se ha pedido que se requiera a Derechos Reales información sobre propiedades registradas a nombre de García, Chambi y Meneses. De igual forma, se ha solicitado al fiscal que solicite a Tránsito, empresas telefónicas y entidades bancarias los registros de cuentas, vehículos y líneas telefónicas a nombre de los implicados.

La Aduana informó, además, que el extravío fue detectado tras una intervención realizada el 13 de junio de este año. La normativa vigente establece que la mercadería comisada debe ser depositada en almacenes administrados por la DAB, siendo esta la responsable de su custodia desde el ingreso hasta su disposición final.

El informe también constató que la DAB no habría activado las pólizas de seguro de responsabilidad civil contractual, extracontractual, cruzada y operacional, las cuales debían cubrir el valor de las mercancías comisadas. Ayala añadió que estas presuntas sustracciones, al no haber sido reportadas oportunamente, impidieron que los bienes fueran destinados al Ministerio de la Presidencia para fines benéficos o subastados públicamente, tal como lo establece la ley.

Rubén Ayala detalló que la mercadería extraviada es de diversa índole y valor. Por su parte, la presidenta de la Aduana Nacional, Karina Serrudo, había informado previamente que las instalaciones de Oruro, donde se produjeron los 33 incidentes, cuentan con un sistema de seguridad de última generación, compuesto por 66 cámaras de vigilancia conectadas a un centro de monitoreo en La Paz, con una inversión de 6.2 millones de bolivianos