Adolfo Chávez revela que Fondioc financió campaña electoral del MAS con depósitos privados

La detención preventiva por cinco meses del expresidente y exministro de Economía, Luis Arce, en el marco del caso del desfalco millonario del Fondo Indígena, ha puesto bajo escrutinio a exdirigentes y líderes de organizaciones sociales vinculadas al MAS, quienes habrían recibido importantes sumas de dinero en sus cuentas personales. En este contexto, Adolfo Chávez, exdirigente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), ofrece su perspectiva sobre el uso de esos recursos y denuncia que los dirigentes fueron presionados para destinar esos fondos a campañas políticas del masismo.

El Fondo Indígena surgió como una conquista de los pueblos indígenas de tierras bajas, y en 2009 se estableció un directorio que incluía a varios ministerios y organizaciones indígenas, entre ellas la Cidob. Con apoyo de la cooperación internacional danesa Danida, se creó una “Escuela de proyectos” que permitió diseñar y presentar más de 50 iniciativas para distintos pueblos indígenas. Sin embargo, a partir de 2011, con la marcha indígena por el TIPNIS y la represión en Chaparina, el gobierno comenzó a dividir a los pueblos indígenas y tomó el control de la Cidob mediante la intervención policial, designando a Melva Hurtado como dirigente.

Chávez explica que los proyectos presentados por la Cidob fueron ejecutados en parte y con transparencia, con desembolsos realizados a cuentas institucionales. Sin embargo, denuncia que tras la intervención gubernamental, la documentación fue retenida por la administradora de la Cidob, Shirley Villegas, presuntamente bajo órdenes del entonces ministro Carlos Romero, lo que derivó en una persecución política contra él y en irregularidades en la gestión de los fondos.

Respecto a los proyectos piloto, Chávez señala que quedaron bajo control de Villegas, quien habría sido condicionada para entregar la documentación a cambio de mantener su cargo. Advierte que, en este caso, también existen responsabilidades técnicas que deben ser investigadas, no solo las dirigenciales.

En 2019, Melva Hurtado contactó a Chávez para confesar que había sido utilizada por el MAS, y que los 22 millones de bolivianos depositados en su cuenta personal fueron destinados forzosamente a campañas electorales municipales y departamentales, y no a los pueblos indígenas. Chávez sostiene que esta práctica fue parte de una estrategia del MAS para asegurar su poder político a nivel local, utilizando recursos que originalmente eran una conquista de los pueblos indígenas.

Además, el exdirigente denuncia que otros líderes de la Cidob también recibieron fondos públicos en sus cuentas personales, los cuales fueron mal empleados en gastos personales y celebraciones, dejando proyectos inconclusos y sin beneficio real para las comunidades. Relata que, en algunos casos, se compraban insumos para proyectos que luego no se terminaban, mientras el dinero era desviado para fines particulares.

Chávez asegura que en su momento se enviaron cartas a los ministerios de Gobierno, Presidencia y Desarrollo Rural para denunciar estas irregularidades, pero no obtuvo respuesta alguna. Considera que el gobierno del MAS tenía conocimiento de estas prácticas y que amedrentaba a los dirigentes que no se alineaban con su línea política.

Sobre el proceso penal contra Luis Arce, Chávez opina que no debe recaer únicamente sobre él, sino que es necesario que se involucren otros exministros y responsables que tuvieron participación en la administración y seguimiento de los proyectos financiados con recursos estatales. Asimismo, señala que la investigación debe ser transparente y basada en la verdad, superando las maniobras políticas que, según afirma, caracterizaron la etapa inicial de la intervención del Fondo Indígena.

En síntesis, la situación del Fondo Indígena refleja tensiones internas y la utilización política de recursos destinados a los pueblos indígenas, lo que ha provocado fracturas en sus organizaciones y una profunda crisis de confianza. La exigencia de una investigación exhaustiva y justa se presenta como un paso fundamental para esclarecer responsabilidades y recuperar la legitimidad de estas conquistas sociales