Un documento interno del Fondo Indígena, fechado en noviembre de 2009, pone en evidencia que Luis Arce, en su rol de ministro de Economía en ese enton
Un documento interno del Fondo Indígena, fechado en noviembre de 2009, pone en evidencia que Luis Arce, en su rol de ministro de Economía en ese entonces, reconoció que la Ley Financial no autorizaba transferencias de fondos públicos a cuentas privadas, una práctica demandada por organizaciones vinculadas al MAS. Esta acta, validada por el exfiscal anticorrupción Ánghelo Saravia, añade un nuevo elemento a la investigación que actualmente mantiene detenido al expresidente por el caso del Fondo Indígena.
En la reunión del directorio del Fondo, celebrada en Tarija poco después de que la institución comenzara sus operaciones, se plantearon inquietudes respecto a la legalidad de depositar recursos estatales en cuentas de representantes sociales. Ramiro Burgos, funcionario del Fondo, preguntó si existía un sustento legal para efectuar dichas transferencias público-privadas.
Sandra Paredes, integrante del Fondo en ese momento, respondió que esta modalidad no estaba permitida en 2009 y que el reglamento correspondiente aún se encontraba en elaboración. Subrayó que la Ley Financial no contemplaba mecanismos para transferir dinero estatal a cuentas particulares.
Ante esta situación, Luis Arce intervino reconociendo la limitación legal: admitió que la normativa vigente no contemplaba esas transferencias. No obstante, sugirió continuar con la elaboración de proyectos mientras se esperaba la aprobación de una nueva Ley Financiera en 2010, que supuestamente habilitaría estas operaciones.
El exfiscal Saravia confirmó la autenticidad del acta y destacó que formó parte de las pruebas recopiladas durante su gestión al frente de la investigación. Indicó además que en ese mismo documento se registraron aprobaciones para la compra de bienes, pese a que el Fondo Indígena estaba destinado exclusivamente a financiar proyectos productivos o agrícolas para comunidades campesinas, no para la adquisición de casas, vehículos u otros bienes para dirigentes sociales.
Saravia recordó que, tras avanzar en las pesquisas, fue procesado y encarcelado en 2016, situación que atribuye a su intento de ampliar la investigación contra Arce y otros miembros del directorio, enfrentando la oposición de fiscales superiores. Asegura haber sido objeto de persecución por investigar a todos los implicados.
En el marco del caso, un fiscal emitió una orden de aprehensión contra Luis Arce, quien fue trasladado a dependencias policiales en La Paz. Según el fiscal encargado, el expresidente optó por guardar silencio ante las imputaciones relacionadas con la presunta autorización de transferencias irregulares a cuentas privadas de dirigentes sociales. La investigación lo vincula con delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, atribuyéndole un daño económico cercano a los 925 millones de bolivianos.
En cuanto al marco normativo, un economista y docente universitario consultado explicó que este tipo de operaciones requerían regulación específica, diferente a la Ley Presupuestaria, la cual tiene vigencia anual. Señaló que los proyectos del Fondo Indígena eran de ejecución plurianual, por lo que difícilmente podían ampararse en la Ley Financial vigente en ese momento. Aunque evitó emitir juicios jurídicos, indicó que los hechos sugieren la ausencia de respaldo legal para transferir fondos públicos a cuentas particulares vinculadas a organizaciones sociales
COMMENTS