Canciller advierte imposibilidad de sostener esquemas inviables en carburantes en Bolivia

El ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Aramayo, explicó que la eliminación del subsidio a los combustibles responde a una situación financiera crítica y forma parte de un conjunto de medidas urgentes diseñadas para estabilizar la economía nacional y recuperar la capacidad operativa del Estado. Según el funcionario, mantener el esquema de subsidios resultaba insostenible debido al elevado costo fiscal y a la limitada disponibilidad de recursos heredada de la administración anterior.

Aramayo realizó estas declaraciones durante una escala en Viru Viru, antes de viajar a Foz de Iguaçu, Brasil, donde se llevará a cabo una cumbre del Mercosur. El canciller fue designado por el presidente Rodrigo Paz para representar al país en este encuentro, mientras el mandatario permanece en territorio nacional para supervisar la implementación de esta medida considerada histórica. Destacó que, a diferencia de gestiones anteriores, el presidente está presente para liderar personalmente este proceso en un momento crucial.

En el marco de la cumbre, se espera que los países miembros del Mercosur y naciones asociadas, entre ellas Bolivia, concreten la firma de un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, según informó el gobierno brasileño.

El decreto de emergencia promulgado por el presidente Paz forma parte de una estrategia integral que combina ajustes internos con acciones destinadas a reactivar la economía a través del comercio exterior y la atracción de inversiones. Aramayo enfatizó que el país enfrenta una deuda millonaria, compromisos pendientes con organismos internacionales y una economía sin margen de maniobra, por lo que no actuar habría sido irresponsable.

Además de eliminar el subsidio, el decreto contempla la creación de una ventanilla única para la promoción de inversiones extranjeras, cuya gestión estará a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores. Esta iniciativa busca agilizar los trámites, coordinar con otras dependencias estatales y brindar mayor seguridad a los inversionistas internacionales interesados en Bolivia. El canciller adelantó que la reglamentación de este mecanismo se realizará en coordinación con el Ministerio de Economía, con el propósito de convertirlo en una herramienta clave para canalizar inversiones productivas.

Aramayo señaló que estas decisiones envían una señal clara al mundo de que Bolivia está dispuesta a superar su aislamiento y a reconstruir su credibilidad internacional. Paralelamente, el Gobierno impulsa la ampliación de la agenda exportadora, con avances en la certificación Halal y la apertura de mercados en Medio Oriente y el norte de África, sin descuidar el abastecimiento interno. El ministro remarcó que, si bien la exportación es importante, la prioridad sigue siendo garantizar precios justos y disponibilidad para la población.

Finalmente, el canciller reconoció que estas medidas enfrentarán resistencia y provocarán críticas y protestas, pero aseguró que el Gobierno está dispuesto a asumir el costo político. Subrayó que muchos de los opositores actuales son responsables de la crisis que atraviesa el país, y que estas decisiones no responden a ideologías, sino a la necesidad de estabilizar la economía y reposicionar a Bolivia en el escenario internacional