El procedimiento de selección y designación llevado adelante por la Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa experimentó este martes
El procedimiento de selección y designación llevado adelante por la Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa experimentó este martes una intervención judicial que impacta directamente en su desarrollo. María Cristina Claros, una de las postulantes que había sido previamente inhabilitada, logró que se admita una acción de amparo constitucional a su favor, lo que resultó en su habilitación provisional mientras se resuelve el fondo del caso.
La Comisión Mixta de Constitución fue notificada formalmente sobre esta decisión judicial, que ordena la reincorporación temporal de Claros al proceso en curso. La medida cautelar instruye a la Comisión a permitir que la postulante continúe con todas las etapas de evaluación, incluyendo la valoración de méritos, conocimientos y probidad, así como las fases siguientes contempladas en el cronograma, aunque esta habilitación queda condicionada al resultado final del amparo.
El juzgado encargado, que abarca diversas jurisdicciones, emitió una resolución que obliga a la Comisión a habilitar provisionalmente a Claros y a seguir con la evaluación correspondiente, lo que introduce un nuevo elemento de complejidad en un proceso ya caracterizado por tensiones políticas, cuestionamientos y plazos ajustados.
Mientras se espera la resolución definitiva del amparo, la Comisión debe acatar la orden judicial y ajustar el desarrollo del proceso de selección, lo que abre un nuevo capítulo en la disputa por la designación de autoridades electorales.
En reacción a esta situación, la senadora María Elena Pachacute expresó su preocupación sobre el impacto que esta decisión podría tener en el avance del proceso, señalando que podría generar precedentes para que otros postulantes inhabilitados presenten recursos similares. Destacó que más de 120 personas solicitaron revisión de méritos y advirtió sobre la necesidad de cumplir con la normativa para evitar acciones legales que podrían entorpecer la selección.
Pachacute aseguró que la Comisión trabajará con transparencia y buscará resolver la situación con celeridad para no afectar el proceso que está en marcha.
Por su parte, María Cristina Claros indicó que la acción de amparo no implica la suspensión del proceso y que, como parte del Órgano Electoral, este debe continuar su curso. Subrayó que la medida cautelar otorgada solo dispone su habilitación provisional debido a que considera que fue injustamente inhabilitada para la evaluación de sus méritos. Asimismo, enfatizó que la admisión de su recurso no suspende la preselección en general
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