La Asamblea Legislativa Departamental ha sido notificada oficialmente por la Contraloría General del Estado en el marco de una investigación sobre pre
La Asamblea Legislativa Departamental ha sido notificada oficialmente por la Contraloría General del Estado en el marco de una investigación sobre presuntas irregularidades en contratos de publicidad vinculados a medios que no existirían realmente. Este procedimiento será gestionado por la juez sumariante del órgano legislativo con el objetivo de colaborar en la indagación y determinar posibles responsabilidades administrativas y económicas.
Las supuestas anomalías habrían ocurrido durante el segundo semestre del año 2023, cuando Alan Barca ocupaba la presidencia de la Asamblea. La denuncia fue presentada en febrero de 2024 por un asambleísta ante el Ministerio Público, aunque inicialmente esta instancia rechazó el caso. Posteriormente, en abril de 2024, se interpuso un recurso de Amparo Constitucional para acceder a la documentación relacionada con los procesos contractuales cuestionados. El fallo favoreció la solicitud, obligando a la Asamblea a entregar la información requerida. El análisis de estos documentos permitió identificar irregularidades en al menos 57 contratos de publicidad, lo que motivó la denuncia formal ante la Contraloría.
Además del expresidente Barca, el informe preliminar señala a otros exfuncionarios de la Asamblea como posibles responsables, entre ellos Ginna Marly Tejerina Herrera, Pedro Ramón Alemán Sossa, Isabel Paredes Galeán, Claudia Chale Pérez y Patricia Zenteno Gareca.
El actual presidente de la Asamblea enfatizó que cualquier persona que haya ocasionado un perjuicio económico a la institución deberá enfrentar el proceso de investigación correspondiente y, en caso de confirmarse responsabilidades, se procederá a la recuperación de los recursos afectados. Asimismo, no descartó que tanto legisladores como exfuncionarios sean convocados por el Ministerio Público para brindar declaraciones informativas.
Se destacó que, aunque los involucrados ya no formen parte de la Asamblea, esto no los exime de enfrentar los procesos administrativos o judiciales pertinentes. En caso de comprobarse daño económico, las responsabilidades podrían recaer tanto en áreas administrativas, como la Oficialía Mayor o la Dirección de Comunicación, así como en los asambleístas que integraron la directiva en ese periodo.
Entre las principales observaciones de la Contraloría se encuentran la falta de un plan de medios, herramienta esencial para establecer criterios de selección y distribución de recursos para publicidad institucional. También se detectó la ausencia de parámetros técnicos para asignar montos a proveedores, la contratación de espacios digitales sin vigencia real, considerados como medios inexistentes o inactivos, y la firma de contratos sin documentación adecuada que respalde la naturaleza y capacidad operativa de los medios involucrados.
Adicionalmente, se identificó la concesión de beneficios exclusivos a un medio televisivo del municipio de Yacuiba sin justificación técnica, así como posibles vínculos familiares entre servidores públicos y algunos medios contratados. Finalmente, se constató el incumplimiento de normativas vigentes, incluyendo el Decreto Supremo 181 y el Reglamento Específico de Contrataciones de la Asamblea Legislativa Departamental
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