La defensa del expresidente y exministro de Economía Luis Alberto Arce Catacora solicitó ante el juez 12 de Instrucción Penal Anticorrupción y Violenc
La defensa del expresidente y exministro de Economía Luis Alberto Arce Catacora solicitó ante el juez 12 de Instrucción Penal Anticorrupción y Violencia hacia las Mujeres la concesión de su libertad plena, fundamentando la petición en el estado de salud del imputado, quien padece cáncer, tiene 62 años y se encuentra a cargo del cuidado de su madre adulta mayor. Esta solicitud se enmarca en el proceso judicial por presunto desfalco relacionado con el Fondo Indígena.
Durante la audiencia de medidas cautelares, el abogado defensor Jaime Tapia destacó que Arce enfrenta una enfermedad oncológica que lo coloca en una situación de vulnerabilidad. Indicó que el expresidente presenta un hipermetabolismo glucótico sugestivo de procesos secundarios y un linfoma, lo que justifica la aplicación del artículo 68 de la Ley 369, así como las garantías constitucionales que aseguran atención médica prioritaria a personas mayores de 60 años.
El abogado sostuvo que Arce cumple con las condiciones necesarias para continuar el proceso en libertad, ya que tiene un domicilio fijo desde hace más de dos décadas y no representa riesgo de fuga. Según la defensa, el exmandatario reside en un departamento ubicado en la zona de Miraflores, propiedad que está respaldada por documentación y pagos de servicios básicos.
Otro argumento presentado por la defensa fue el entorno familiar del imputado. Se aportó un certificado de nacimiento y una declaración voluntaria de Olga Catacora Flores, madre de Arce y mayor de 80 años, quien afirmó que su hijo está a cargo de su cuidado, realizando visitas regulares y velando por su bienestar. Estas circunstancias, según Tapia, fortalecen la ausencia de riesgos procesales.
En cuanto al fondo del caso, la defensa cuestionó la imputación fiscal, señalando que Arce no tenía facultades individuales para aprobar o rechazar proyectos vinculados al Fondo Indígena. Explicaron que, en su calidad de ministro de Hacienda, formaba parte de un directorio compuesto por 18 miembros, por lo que su voto era uno más entre otros 17 representantes, sin autoridad exclusiva para autorizar transferencias de recursos.
Además, la defensa denunció que Arce habría sido “secuestrado” en el momento de su detención, cuando descendía de su vehículo en la zona del Montículo, aunque este punto no fue ampliamente desarrollado durante la audiencia.
El juez encargado del caso deberá resolver en las próximas horas si acepta la solicitud de libertad sin condiciones o si establece alguna medida cautelar distinta, en un proceso que mantiene abierta la discusión sobre la responsabilidad política y administrativa en la gestión de los recursos del Fondo Indígena




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