Durante el período en que Luis Arce Catacora ejerció como ministro de Economía y Finanzas, estaba al tanto de que la normativa vigente impedía la tran
Durante el período en que Luis Arce Catacora ejerció como ministro de Economía y Finanzas, estaba al tanto de que la normativa vigente impedía la transferencia de fondos del Fondo Indígena a cuentas privadas, según lo establecido en la Ley General del Presupuesto General del Estado, conocida como Ley Financial. A pesar de esta restricción, y mientras se trabajaba en la elaboración de una reglamentación específica, Arce sugirió que las organizaciones sociales vinculadas al MAS continuaran desarrollando proyectos bajo ese esquema.
En una reunión del Directorio del Fondo Indígena celebrada el 23 de noviembre de 2009, en la cual Arce participó, se discutió la legalidad de realizar transferencias a cuentas particulares, dado que la Ley Financial no contemplaba esta posibilidad. La reunión se dio en un contexto electoral y bajo la presión de las organizaciones sociales del Pacto de Unidad, afines al MAS y al entonces presidente Evo Morales, quienes demandaban la aprobación urgente de proyectos para el recién creado Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas, conocido como Fondo Indígena o Fondioc.
Durante el encuentro, Ramiro Burgos, representante del Viceministerio de Micro y Pequeña Empresa, consultó sobre la existencia de respaldo legal para las transferencias entre entidades públicas y privadas. Sandra Paredes, miembro del Fondo Indígena, indicó que aún no se había desarrollado el reglamento correspondiente y que la Ley Financial de 2009 no contemplaba dicha figura. En respuesta, Arce reconoció que la ley no permitía depósitos a cuentas particulares, pero afirmó que eso no impedía que las organizaciones sociales siguieran elaborando proyectos, anticipando que a partir de enero de 2010 los recursos podrían ser transferidos conforme a una nueva versión de la ley.
Este acta de reunión constituye una pieza clave en la imputación presentada recientemente contra Arce, en la que se le acusa de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
El exfiscal a cargo de la investigación del caso Fondo Indígena, Anghelo Saravia, confirmó la autenticidad del documento y explicó que formó parte de las evidencias recopiladas durante su gestión. Saravia señaló que en el acta también se aprobó la compra de bienes y vehículos, gastos que no estaban contemplados dentro de los objetivos del Fondo Indígena, cuyo propósito era financiar proyectos agrícolas y productivos para comunidades campesinas, y no la adquisición de casas o automóviles para el Pacto de Unidad. Saravia fue quien ordenó la detención de la exministra Nemesia Achacollo, principal implicada en el desfalco al Fondioc.
Meses después de la detención de Achacollo, en agosto de 2016, Saravia fue procesado y encarcelado bajo acusaciones de corrupción. Según sus declaraciones, su persecución estuvo motivada por su intento de investigar a todos los involucrados, incluyendo a Luis Arce, enfrentándose a la oposición de autoridades como Paul Franco, expresidente del Tribunal Constitucional Plurinacional, y Ramiro Guerrero, exfiscal General y exviceministro de Desarrollo Rural durante la gestión de Arce.
En el marco de este caso, el fiscal Miguel Ángel Cardozo emitió una orden de aprehensión contra Arce, a solicitud de representantes actuales del Fondo Indígena. Cardozo indicó que, tras conocer las evidencias presentadas, Arce optó por no declarar ni aclarar los hechos.
El economista Germán Molina comentó que para emitir un juicio preciso sobre esta situación es necesario analizar todas las normativas relacionadas con la gestión del presupuesto estatal y el funcionamiento del Fondo Indígena. Sin embargo, destacó que las operaciones financieras del Fondo deberían estar reguladas por una ley específica y clara, distinta de la Ley Presupuestaria, la cual tiene vigencia anual. Molina agregó que los proyectos de inversión financiados suelen extenderse más allá del año fiscal, lo que sugiere la ausencia de respaldo legal para autorizar depósitos del Estado en cuentas privadas, poniendo en duda la legitimidad de dichas transacciones
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