El economista Roberto Castillo, asesor de la Asociación de Prestatarios de Buena Fe, señaló que la Ley de Diferimiento de Créditos, aprobada recientem
El economista Roberto Castillo, asesor de la Asociación de Prestatarios de Buena Fe, señaló que la Ley de Diferimiento de Créditos, aprobada recientemente, aún genera incertidumbre entre los deudores debido a la escasa información disponible sobre sus beneficiarios. Según Castillo, esta falta de claridad ha provocado confusión, agravada por la comunicación poco precisa de las entidades bancarias.
Castillo explicó que la normativa vigente aplica principalmente a quienes poseen créditos de vivienda social, otorgándoles la posibilidad de suspender los pagos durante seis meses. Además, la ley contempla a prestatarios con ingresos provenientes de actividades propias, como emprendimientos o microcréditos, excluyendo en general a los asalariados, salvo aquellos que tengan créditos relacionados con vivienda social.
El especialista recordó que la población estimada que podría acogerse al diferimiento asciende a aproximadamente 1,4 millones de personas en todo el país. Sin embargo, hasta ahora, menos del 10% de este grupo ha visto implementado el beneficio por parte de las instituciones financieras. Castillo expresó su expectativa de que este porcentaje aumente en las próximas semanas conforme los bancos cumplan con lo establecido en la Ley 1670.
A pesar de su aprobación en noviembre, la puesta en marcha de esta ley se ha visto retrasada debido a un recurso presentado por las entidades financieras, que actualmente es evaluado por el Tribunal Constitucional Plurinacional. Esta situación ha generado reclamos de diversos sectores que demandan al Gobierno la pronta ejecución de la norma.
Recientemente, la Confederación Nacional de Prestatarios llevó a cabo una manifestación en la ciudad de La Paz, denunciando que el Ejecutivo estaría favoreciendo a la banca privada en detrimento de los deudores. Esto ocurre a pesar de que la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero emitió una instrucción el 12 de noviembre, dirigida a la Asociación de Bancos Privados, donde se confirma la vigencia de la Ley 1670




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