En los últimos días, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) ha registrado un aumento significativo en las denuncias presentadas por
En los últimos días, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) ha registrado un aumento significativo en las denuncias presentadas por usuarios que solicitan acogerse a la Ley de Diferimiento de Créditos, pero enfrentan negativas por parte de diversas entidades bancarias. Estas instituciones, según los afectados, argumentan que la ley ha sido derogada, aunque legalmente sigue vigente a menos que un fallo judicial indique lo contrario. Incluso se reportan casos en los que ni siquiera se recibe la carta de solicitud, documento esencial para iniciar el trámite de diferimiento.
Expertos en economía señalan que este tipo de situaciones refleja un desequilibrio entre las instituciones financieras y los prestatarios, ya que los bancos mantienen una posición ventajosa que dificulta el acceso a mecanismos de alivio crediticio. La controversia gira en torno a la vigencia de la ley, que actualmente está en suspenso debido a una medida cautelar presentada por el sector financiero ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
El origen del conflicto radica en el proceso legislativo de la norma, que fue modificada en el Senado y, en lugar de regresar a la Cámara de Diputados para su ratificación, pasó directamente a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Esta irregularidad ha sido cuestionada por el sistema financiero, argumentando que se vulneraron los procedimientos legales establecidos.
El ministro de Economía ha señalado que esta situación podría estar vinculada a una estrategia del gobierno anterior para generar confusión, lo que ha dejado la ley en un limbo jurídico. Mientras tanto, miles de prestatarios continúan afectados por la incertidumbre, ya que la imposibilidad de acogerse al diferimiento de créditos limita sus opciones para enfrentar la presión financiera actual.
En este contexto, la ASFI sigue recibiendo numerosas quejas y denuncias, reflejando un escenario complejo donde la falta de claridad legal y la postura de las entidades bancarias complican el acceso a un beneficio que, en teoría, debería ofrecer un respiro a los deudores
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