Presidente Paz anuncia reestructuración de ENDE y confía en sus profesionales

El presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira, anunció la necesidad de llevar a cabo una reestructuración integral en la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), enfatizando que este proceso debe basarse en principios de meritocracia y respeto hacia los trabajadores de la entidad. Durante una conferencia realizada en las instalaciones de la empresa, el mandatario expresó su confianza en los profesionales que laboran en ENDE y sus filiales, destacando la importancia de optimizar la eficiencia tanto en la central como en las diez empresas subsidiarias.

En el marco de su visita, Paz Pereira compartió datos relevantes sobre el consumo energético, señalando que aproximadamente siete de cada diez focos en uso funcionan con gas. Subrayó que este recurso tiene una fecha límite estimada para su agotamiento en 2028, un hecho que calificó como una realidad ineludible y que demanda acciones concretas para enfrentar esta situación.

Asimismo, el presidente manifestó su sorpresa al constatar que la normativa vigente en el sector eléctrico sigue siendo la Ley 1604, promulgada durante la gestión de Gonzalo Sánchez de Lozada, conocida como la Ley de Capitalización. Destacó que, a pesar de las modificaciones parciales que se le han realizado, no se ha desarrollado una legislación nueva que permita dinamizar y modernizar el sector, lo cual es fundamental para mejorar la calidad del servicio eléctrico.

En días recientes, la Central Obrera Boliviana (COB) manifestó su preocupación ante un proyecto de decreto supremo que propone que los trabajadores de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y ENDE sean transferidos del régimen de la Ley General del Trabajo al Estatuto del Funcionario Público, regulado por la Ley 2027. Este cambio buscaría institucionalizar ambas entidades bajo criterios de transparencia, eficiencia y meritocracia, eliminando los sindicatos internos y obligando al personal a adoptar el régimen de servidor público.

La COB advirtió que esta medida podría implicar la pérdida de beneficios sociales para los trabajadores y restringiría su derecho a la sindicalización, generando inquietudes sobre las condiciones laborales en estas empresas estatales