El conflicto entre la Policía Nacional y el Gobierno Municipal de Tarija ha llegado a su fin, gracias a un acuerdo que permitirá la ampliación de la p
El conflicto entre la Policía Nacional y el Gobierno Municipal de Tarija ha llegado a su fin, gracias a un acuerdo que permitirá la ampliación de la plaza “Lizardi”, situada frente a la Catedral. El alcalde Jhonny Torres anunció que los uniformados han decidido ceder el terreno que ocupaban, conocido como Orden y Seguridad, devolviéndolo al municipio, su legítimo propietario.
A partir de después del Carnaval, se iniciarán las obras para transformar este espacio en una plaza más amplia y atractiva. Mientras tanto, la Policía se reubicará en el lugar donde actualmente opera el Centro de Ambulancias, ubicado cerca de la universidad privada “Domingo Savio”. Este centro será trasladado al hospital “San Antonio”, donde las ambulancias seguirán brindando atención médica a otros municipios que requieren este servicio.
El alcalde Torres destacó la importancia de este acuerdo, señalando que la nueva ubicación para las ambulancias permitirá mejorar la eficiencia en la atención médica. “Contamos con una infraestructura amplia donde podremos estacionar nuestras ambulancias y ofrecer servicio a todo el departamento”, afirmó.
En el terreno que se convertirá en parte de la plaza “Lizardi”, se llevarán a cabo trabajos de limpieza y embellecimiento iniciales. Según Torres, el objetivo es eliminar barro, escombros y estructuras en mal estado para que el área sea visualmente atractiva. Se han solicitado a las empresas de servicios públicos la remoción de postes que no contribuyen a la estética del lugar.
El proceso de mejora de este espacio es solo el primer paso, ya que se planea una demolición completa de las estructuras inacabadas y de una antigua edificación que se encuentra en el sitio, lo que permitirá la expansión definitiva de la plaza.
Este conflicto tiene sus raíces en un desacuerdo que comenzó hace dos años, cuando la alcaldía decidió demoler una casona que estaba en mal estado y ocupada por la Policía. A pesar de la demolición, la Policía mantuvo su presencia en el lugar, lo que generó tensiones con los vecinos y el municipio. Tras más de dos años de desacuerdos y enfrentamientos legales, la reciente propuesta del alcalde al Ministerio de Gobierno ha sido clave para alcanzar una solución
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