Un borrador de decreto supremo, que circuló de manera interna entre los trabajadores de YPFB y ENDE a través de grupos de WhatsApp, ha generado preocu
Un borrador de decreto supremo, que circuló de manera interna entre los trabajadores de YPFB y ENDE a través de grupos de WhatsApp, ha generado preocupación en los sindicatos debido a la posible transición del régimen laboral actual, basado en la Ley General del Trabajo, hacia la Ley 2027 del Estatuto del Funcionario Público. Este cambio implicaría la reducción de beneficios sociales, limitaciones al derecho de sindicalización y un debilitamiento de las estructuras gremiales en las empresas del sector energético y petrolero.
El proyecto busca “institucionalizar” a YPFB y ENDE bajo principios como la transparencia, eficiencia y meritocracia, lo que conllevaría la eliminación de los sindicatos internos y la migración del personal al régimen de servidor público. Esta medida, según los trabajadores, afectaría la estabilidad laboral y los derechos adquiridos.
Frente a esta situación, la Central Obrera Boliviana (COB) ha convocado a un ampliado nacional de emergencia para analizar la propuesta y coordinar acciones. La reunión se llevará a cabo en la sede de la Federación de Trabajadores Mineros en La Paz, y desde la organización sindical han manifestado su rechazo a lo que consideran una amenaza para la estabilidad laboral en el sector estatal.
En paralelo, la Confederación Sindical de Trabajadores de Luz, Telecomunicaciones, Aguas y Gas emitió un pronunciamiento en el que rechaza de forma categórica el proyecto de decreto, señalando que representa un riesgo para la seguridad laboral de los trabajadores. Esta organización sindical ha anunciado la preparación de medidas para impedir la implementación de la norma, enfatizando que el personal operativo no debe ser responsabilizado por problemas administrativos o financieros de las empresas públicas.
De igual manera, el sindicato de Trabajadores de ENDE en Cochabamba expresó su oposición al cambio de régimen laboral, calificándolo de ilegal y perjudicial para los derechos laborales adquiridos. Los dirigentes sindicales alertaron que esta medida podría ser un primer paso hacia la privatización de las empresas públicas, lo que podría derivar en aumentos en las tarifas para la población. Asimismo, exigieron mayor transparencia en la gestión financiera de ENDE, destacando que la empresa ha mantenido una administración eficiente y clara en los últimos años.
Los sindicatos del sector petrolero también manifestaron su rechazo y confirmaron su participación en el ampliado convocado por la COB. Las organizaciones laborales coinciden en que este proyecto de decreto podría sentar un precedente para futuras modificaciones en otras empresas públicas, por lo que hacen un llamado a la unidad nacional para proteger la estabilidad laboral, los derechos adquiridos y los servicios públicos estratégicos.
Por otro lado, el ministro de Trabajo señaló recientemente que la Ley General del Trabajo es una normativa antigua que no se ajusta a la realidad actual del país. Por ello, ha encargado a la dirección jurídica del ministerio la revisión y propuesta de modificaciones para actualizar la legislación laboral




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