El exministro de Defensa, Edmundo Novillo, fue el primero en responder a las críticas formuladas por el presidente Rodrigo Paz respecto a la gestión e
El exministro de Defensa, Edmundo Novillo, fue el primero en responder a las críticas formuladas por el presidente Rodrigo Paz respecto a la gestión estatal durante los dos últimos decenios bajo el Movimiento al Socialismo (MAS). Posteriormente, el expresidente Luis Arce también salió al paso para defender la administración y aclarar ciertos aspectos, especialmente en relación con los radares franceses.
Novillo puntualizó que, contrariamente a lo afirmado, no son nueve sino trece los radares instalados, de los cuales siete tienen uso militar, cinco son civiles y uno es mixto. Además, desmintió el costo de 360 millones de euros señalado por Paz, asegurando que, según un contrato firmado en 2016, el monto real asciende a 191 millones de euros. Estas precisiones fueron compartidas mediante un video difundido en su cuenta oficial de Facebook.
Por su parte, Luis Arce recordó una reunión que sostuvo con Rodrigo Paz y su equipo en la Casa Grande del Pueblo, donde advirtió sobre las dificultades económicas que enfrentaba el país desde 2023 debido a la demora en la aprobación de créditos. Arce cuestionó la cifra de 15.000 millones mencionada por Paz, señalando que no se ha explicado con claridad su origen ni a qué periodo corresponde exactamente, lo que genera incertidumbre sobre su veracidad.
En una conferencia de prensa reciente, Rodrigo Paz calificó la situación del país tras las gestiones del MAS como un “Estado muerto”, señalando que se está realizando una autopsia para determinar las causas de su deterioro. Ante estas declaraciones, Arce manifestó que tales afirmaciones son erróneas y que los radares continúan operativos, cumpliendo funciones de intercepción aérea.
Desde el Gobierno se sostiene que existen desfalcos millonarios acumulados durante los 20 años de administración del MAS, cifra preliminar que ronda los 15.000 millones de dólares. En este contexto, se anticipa la apertura de investigaciones y procesos judiciales contra exfuncionarios vinculados a estos hechos, con el objetivo de esclarecer responsabilidades y sancionar posibles irregularidades
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