El Gobierno y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) están organizando una reunión interinstitucional en la que se abordarán al menos seis temas fundamen
El Gobierno y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) están organizando una reunión interinstitucional en la que se abordarán al menos seis temas fundamentales. Entre estos, se destaca la autoprórroga de los magistrados, con la propuesta de que estos funcionarios sean destituidos tras las elecciones judiciales. También se han recibido quejas sobre la lentitud del proceso de escrutinio, que hasta el momento ha alcanzado el 40%.
Uno de los puntos que el Gobierno desea discutir es el cese del mandato de todos los magistrados que han sido prorrogados, en cumplimiento de la declaración constitucional 049/2023, que establece que la prórroga finalizará con la celebración de las elecciones judiciales. Además, se busca asegurar la realización de elecciones judiciales complementarias.
Por su parte, el TSE tiene en su agenda la revisión de la ley de redistribución de escaños, la protección del principio de preclusión, la garantía de presupuesto para las elecciones generales de 2025 y la creación de una norma que ofrezca juicio de responsabilidades a los vocales del TSE, alineándolos con otras autoridades estatales.
El ministro de Justicia, César Siles, ha señalado que se está gestionando un encuentro entre el Órgano Electoral y la Asamblea Legislativa para proporcionar seguridad jurídica al pueblo boliviano y fomentar la realización de las elecciones judiciales complementarias.
Siles también indicó que, tras las elecciones judiciales parciales, se aplicará lo estipulado en la declaración 049, que establece el cese del mandato de los magistrados prorrogados al concluir las elecciones. Una vez realizado este acto electoral, el mandato de los anteriores magistrados habrá finalizado, afirmó.
El vocal electoral Tahuichi Tahuichi Quispe sugirió que los suplentes de los magistrados electos asuman sus funciones después de los comicios. Propuso que, en el caso del Tribunal Constitucional Plurinacional, si la Asamblea Legislativa está dispuesta a modificar la Ley 025, los tres suplentes más votados podrían ocupar los puestos de titularidad.
Desde el TSE, el vicepresidente Francisco Vargas ha dado la bienvenida a la iniciativa de diálogo interinstitucional y ha planteado cuatro puntos clave para asegurar la correcta ejecución de los próximos procesos electorales. Uno de los temas pendientes es la Ley de Escaños, que aún no ha sido discutida en el Parlamento y es esencial para la delimitación de circunscripciones.
Otro aspecto importante es garantizar el presupuesto necesario para las elecciones generales de 2025, considerando que se requerirán recursos tanto a nivel nacional como en el extranjero. Vargas enfatizó la necesidad de contar con certeza en cuanto a la disponibilidad de fondos.
Además, se busca establecer mecanismos que fortalezcan el principio de preclusión para los futuros comicios, evitando que se vulnere nuevamente, como ocurrió en las elecciones judiciales recientes. Vargas subrayó que este principio es crucial para asegurar la legalidad y transparencia de los procesos electorales.
Finalmente, el TSE también aboga por que los vocales y otras altas autoridades de los órganos estatales sean juzgados mediante juicio de responsabilidades, al igual que otros funcionarios de alto rango.
En cuanto al avance del escrutinio, se informó que el cómputo oficial de las elecciones judiciales ha alcanzado el 40%. Aunque el proceso ha sido más lento de lo esperado, las autoridades del TSE han garantizado que el mismo es seguro y transparente, y se espera que en las próximas horas se complete el conteo en al menos cuatro departamentos, donde el número de actas es menor y las elecciones fueron parciales
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