El presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Damián Castillo, se pronunció sobre la reciente aprobación de la Ley del 45%, que establece un
El presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Damián Castillo, se pronunció sobre la reciente aprobación de la Ley del 45%, que establece un nuevo esquema para la redistribución de las regalías hidrocarburíferas basado en la producción de cada región. Esta normativa, que responde a demandas de varios municipios, fue remitida al gobernador Oscar Montes para su promulgación.
Castillo explicó que el gobernador dispone de un plazo de diez días hábiles para promulgar la ley o devolverla con observaciones. En caso de que las observaciones sean consideradas infundadas por la Asamblea, el presidente del ente legislativo tiene la potestad de proceder a la promulgación de la norma. Además, destacó que la aprobación de la ley es solo una etapa inicial, pues posteriormente será necesario reglamentar y trabajar en su implementación para asegurar su correcto funcionamiento.
En relación con el debate jurídico sobre la prevalencia de la legislación nacional frente a la departamental en materia de regalías, Castillo señaló que existen diversas interpretaciones legales. Algunos expertos sostienen que la Asamblea Legislativa Departamental tiene competencia para legislar sobre la redistribución de recursos hidrocarburíferos, lo que respalda la validez de la nueva norma.
Sobre la posible derogación de la legislación vigente, el presidente de la Asamblea indicó que la nueva ley podría sustituir a la anterior una vez promulgada. No obstante, cualquier modificación al Estatuto Autonómico correspondiente quedaría fuera del ámbito de la Asamblea Departamental y sería competencia de la Asamblea Regional del Chaco.
Por su parte, el gobernador Oscar Montes anunció que enviará la ley aprobada al Tribunal Constitucional Plurinacional para su revisión, lo que añade una nueva instancia al proceso de análisis de esta legislación. Mientras tanto, la Asamblea se mantiene a la espera de la decisión del Ejecutivo dentro del plazo establecido para avanzar en la implementación de la normativa




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