Las elecciones que tuvieron lugar ayer en todo el país, destinadas a la renovación parcial de los altos magistrados del Órgano Judicial, se llevaron a
Las elecciones que tuvieron lugar ayer en todo el país, destinadas a la renovación parcial de los altos magistrados del Órgano Judicial, se llevaron a cabo tras un año de retraso y en un entorno marcado por tensiones debido a las decisiones del Tribunal Constitucional. A pesar de este contexto complicado y las críticas recibidas, el proceso se desarrolló mayormente con tranquilidad, según informaron el Tribunal Supremo Electoral y observadores internacionales, así como ciudadanos presentes en las urnas.
El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Óscar Hassenteufel, destacó que la jornada electoral transcurrió sin incidentes que pusieran en riesgo su desarrollo. Aseguró que la participación fue alta y expresó su esperanza de que los resultados sean favorables, especialmente en comparación con las elecciones anteriores, donde se registró un notable porcentaje de votos nulos y blancos.
En Bolivia, el voto es obligatorio, lo que generalmente resulta en tasas de participación cercanas al 80%. Sin embargo, en las elecciones judiciales de 2011 y 2017, este índice apenas superó el 70%. El TSE espera que este año se mantenga una tendencia similar.
El presidente del TSE también mencionó que, aunque el sistema electoral puede ser lento en ofrecer resultados, es completamente seguro. Se anticipa que los resultados finales se conocerán en un plazo máximo de tres días, tras el inicio del conteo oficial que comenzó anoche.
Este proceso electoral estuvo marcado por cuestionamientos sobre el conocimiento de los candidatos por parte de la población. A pesar de los esfuerzos de comunicación, que incluyeron el uso de redes sociales, el presidente del TSE admitió que no se logró alcanzar a todos los ciudadanos.
En el ámbito operativo, se implementaron más mesas para la emisión de certificados de impedimento, y se solucionó rápidamente un fallo en la página web del organismo electoral, lo que permitió que el proceso continuara sin interrupciones. Sin embargo, se reportó que no se tomaron las previsiones adecuadas ante la gran cantidad de ciudadanos que acudieron a solicitar esos certificados, necesarios para justificar la inasistencia a la votación.
Las elecciones se llevaron a cabo en un ambiente de respeto, aunque con desafíos logísticos y críticas al sistema. En Santa Cruz, la participación fue notable, aunque algunos comerciantes notaron una disminución en el flujo de personas debido a la coincidencia con las elecciones.
La jornada electoral se desarrolló en un ambiente festivo en algunas áreas, aunque persistieron las dudas sobre la efectividad del proceso para lograr cambios significativos en el sistema judicial. Algunas mesas de votación enfrentaron retrasos por la falta de jurados, pero todos los votantes en fila lograron ejercer su derecho al voto.
El TSE reconoció las dificultades encontradas durante el proceso, pero aseguró que estas fueron superadas. Hasta la medianoche, se habían recibido casi 1.900 actas en los tribunales electorales de todo el país.
Hassenteufel también señaló que estas elecciones judiciales fueron más complejas que las generales de 2020, en un contexto político y social polarizado. Las decisiones del Tribunal Constitucional que anularon varias convocatorias generaron un año de retraso y dejaron vacantes importantes en varios departamentos, lo que complicó aún más la labor del TSE.
Expertos en derecho constitucional consideran que estas elecciones representan una oportunidad para que el sistema recupere la confianza de la ciudadanía, especialmente tras los altos índices de votos nulos y blancos en años anteriores, que reflejan una desconfianza en el proceso electoral
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