La Fiscalía ha solicitado la detención preventiva del alcalde de Achocalla, Manuel Condori Quispe, en relación con presuntos delitos de incumplimiento
La Fiscalía ha solicitado la detención preventiva del alcalde de Achocalla, Manuel Condori Quispe, en relación con presuntos delitos de incumplimiento de deberes vinculados al caso Bajo Llojeta. Simultáneamente, el alcalde de La Paz, Iván Arias, ha sido convocado nuevamente, pero esta vez su estatus ha cambiado de testigo a investigado.
El fiscal general, Roger Mariaca, indicó que Arias deberá presentar su declaración informativa el miércoles, y será la comisión de fiscales asignada al caso la que decidirá su situación. En cuanto a Condori, se encuentra bajo custodia policial, y se espera que se formalice su imputación en breve. Posteriormente, un juez cautelar determinará si se le aplica detención preventiva o domiciliaria.
La investigación se centra en los eventos ocurridos en Bajo Llojeta, en la ladera sureste de La Paz, donde una mazamorra, ocurrida la noche del 23 de noviembre, arrasó un barrio y resultó en la trágica muerte de una niña de cinco años. Este fallecimiento ha llevado a la inclusión del delito de homicidio culposo en el caso.
Mariaca destacó que los fiscales a cargo han recopilado suficientes pruebas en contra del alcalde de Achocalla, quien será presentado ante un juez para que se resuelva su situación legal.
Ambos municipios han señalado a la empresa Kantutani como responsable de la remoción de tierras en la zona del cementerio Los Andes, acción que, según ellos, no fue autorizada por Condori, quien ha apuntado a la compañía como el único culpable. A pesar de que el propietario de Kantutani se encuentra fuera del país, la Policía ha llevado a cabo otras tres detenciones relacionadas con la empresa, y se espera que el juez cautelar se pronuncie sobre estos casos el miércoles
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