La reciente determinación del Tribunal Supremo de Justicia ha desmantelado la condena de diez años de prisión que pesaba sobre la expresidenta Jeanine
La reciente determinación del Tribunal Supremo de Justicia ha desmantelado la condena de diez años de prisión que pesaba sobre la expresidenta Jeanine Áñez Chávez, abriendo el camino para su inminente liberación. Mediante el Auto Supremo 011/2025, la máxima instancia judicial ha reevaluado los acontecimientos de noviembre de 2019, concluyendo que en aquel período se configuró un vacío de poder y desestimando la narrativa de un golpe de Estado contra el entonces presidente Evo Morales.
Tras la notificación oficial de esta trascendental resolución, un juez de La Paz procedió a emitir la orden de libertad en favor de la exmandataria. Después de 1.710 días de reclusión, la expresidenta se prepara para reencontrarse con sus seres queridos. La noticia fue recibida con honda alegría por su hija, quien manifestó su profunda satisfacción por la justicia finalmente alcanzada y la restitución de los derechos constitucionales de su madre. Su hijo, por su parte, expresó la expectativa de que su madre, en su calidad de expresidenta, sea invitada a la toma de posesión del nuevo gobierno. Si bien la familia y sus abogados acudieron inicialmente al centro penitenciario con la esperanza de una liberación inmediata, los trámites judiciales obligaron a postergar la salida hasta la mañana siguiente, tras la verificación de rigor.
El fundamento del Auto Supremo radica en una revisión extraordinaria que identificó serias deficiencias en la sentencia original. La presidencia del Tribunal Supremo de Justicia indicó que el procesamiento adecuado para Áñez debió ser un juicio de responsabilidades. Sin embargo, el fallo 011/2025 se centró en el análisis de la acusación misma, determinando que los jueces que dictaron la condena incurrieron en graves infracciones constitucionales. La sentencia del Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero de La Paz, emitida en junio de 2022, fue calificada de contener errores sustanciales de interpretación constitucional y penal, vulnerando principios fundamentales como la legalidad, la tipicidad y el estado de necesidad constitucional.
Se señaló que los jueces Germán Ramos Mamani, Marco Antonio Vargas Yupanqui y Liz Rocío Avilés Condori no valoraron adecuadamente las pruebas que evidenciaban el vacío de poder generado entre el 9 y el 12 de noviembre de 2019, a raíz de las renuncias de legisladores. Las acciones emprendidas por la entonces senadora Áñez fueron interpretadas como medidas necesarias para evitar una ruptura del orden constitucional. Además, el Tribunal Supremo criticó que los jueces hubieran criminalizado una falta al reglamento de las sesiones de la Asamblea Legislativa en el proceso de su nombramiento como presidenta. La resolución enfatiza que Jeanine Áñez no actuó con dolo ni lesionó un bien jurídico protegido, sino que su proceder estuvo amparado por un estado de necesidad constitucional orientado a preservar la continuidad institucional del Estado boliviano. Por tanto, la sentencia condenatoria ejecutoriada fue declarada con error de subsunción, incompatible con la legalidad penal y carente de fundamentación lógica y fáctica.
En consecuencia, el Tribunal Supremo de Justicia resolvió anular la sentencia previa y absolver a Áñez de los delitos de resoluciones contrarias a la ley e incumplimiento de deberes, instruyendo la emisión inmediata del mandamiento de libertad. Cabe destacar que el juez encargado de esta orden de liberación estaría vinculado sentimentalmente con una de las juezas cuya sentencia original ha sido revocada.
De cara al futuro, los hijos de la expresidenta priorizan el reencuentro familiar y contemplan la posibilidad de que ella asista a la posesión del nuevo gobierno el 8 de noviembre. Posteriormente, se prevé su retorno a su departamento natal, Beni, donde se anticipa un cálido recibimiento tras más de cuatro años de encierro. Sus abogados han adelantado que se analizarán las acciones legales pertinentes contra quienes presentaron las denuncias del supuesto golpe de Estado, así como contra fiscales, jueces y vocales que emitieron resoluciones que, según la defensa, constituyeron una serie de vulneraciones constitucionales. Se ha señalado que el Auto Supremo del Tribunal Supremo de Justicia podría generar responsabilidad penal para funcionarios de la administración actual que participaron como acusadores, y se evaluará el grado de implicación de cada uno por la privación de libertad sufrida por la exmandataria. La decisión del Tribunal Supremo evidencia, según sus defensores, un uso arbitrario de las decisiones judiciales, lo que podría derivar en acciones por reparación de daños.
Entre los principales acusadores de Áñez figuran la exdiputada Lidia Patty, el senador Andrónico Rodríguez, los exministros de Justicia Iván Lima y de Gobierno Eduardo Del Castillo, el exprocurador del Estado Wilfredo Chávez, y el exsubprocurador Juan Kaleff Clemor. Asimismo, el fiscal anticorrupción Omar Mejillones desempeñó un papel central en los procesos y sentencias dictadas contra la exmandataria y otros funcionarios de su gestión. Finalmente, se ha instado al Consejo de la Magistratura a realizar una auditoría jurídica exhaustiva de todos los casos abiertos contra la expresidenta, argumentando que debieron ser tramitados bajo la vía de un juicio de responsabilidades y no mediante un proceso penal ordinario
COMMENTS