La Defensoría del Pueblo ha puesto en marcha una iniciativa crucial para asegurar el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la salud de la poblac
La Defensoría del Pueblo ha puesto en marcha una iniciativa crucial para asegurar el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la salud de la población LGBTI+ (lesbianas, gais, bisexuales, transgénero, intersexuales y otras identidades de género y orientaciones sexuales). Esta campaña está diseñada para facilitar el registro de estas personas en el Sistema Único de Salud (SUS).
La acción, denominada Salud un derecho sin discriminación, se sustenta en un instructivo emitido por el Ministerio de Salud y Deportes, el cual orienta a los servicios departamentales de salud para proceder con la adscripción de miembros de la comunidad LGBTI+ al SUS. El objetivo primordial es garantizar que nadie sea excluido de la atención sanitaria por su orientación sexual o identidad de género.
Estudios previos sobre la situación de esta comunidad en Bolivia, incluyendo una encuesta virtual realizada en 2023, han evidenciado una brecha significativa en la cobertura de salud. Los resultados mostraron que menos de la mitad de las personas encuestadas estaban adscritas al SUS, y un tercio carecía por completo de cualquier tipo de seguro o cobertura sanitaria.
La presentación oficial de esta campaña tuvo lugar en las instalaciones de la Oficina Nacional de la Defensoría del Pueblo. El evento contó con la presencia de figuras clave como el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, quien destacó la importancia de esta medida. También participaron Ronald Céspedes, delegado Defensorial Adjunto para la Protección de Derechos Humanos Generacionales, Género y Diversidades; Diana Noya, representante del Ministerio de Salud y Deportes; y Antonella Canaza, activista en representación de la población LGBTI+.
Durante el acto, se subrayó la imperiosa necesidad de superar las barreras que impiden el acceso equitativo a la salud. Representantes de la comunidad LGBTI+ han señalado que la discriminación y el trato inadecuado por parte de algunos profesionales de la salud constituyen un obstáculo significativo para que las personas diversas busquen y accedan a los servicios del sistema público. La percepción de juicio, crítica o rechazo desalienta la búsqueda de atención médica.
La campaña Salud un derecho sin discriminación es el resultado de un esfuerzo coordinado entre la institución defensorial, diversas entidades estatales y organizaciones de la sociedad civil. Este proyecto cuenta además con el apoyo de la Cooperación Alemana (GIZ), a través de su Proyecto ProIgualdad, reforzando el compromiso conjunto para promover la igualdad y la no discriminación en el ámbito de la salud




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