El juez revoca la destitución de la exfiscal Sara Armella en Tarija, generando controversia por el caso de Evo Morales. Un giro en la justicia y derechos de las mujeres
El juez de garantías constitucionales, Iván Córdova, ha calificado la destitución de la exfiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, como un acto injustificado, presuntamente influenciado por presiones dentro del Ministerio Público. Córdova, quien se desempeña como juez de instrucción penal anticorrupción y contra la violencia hacia las mujeres, ha ordenado que Gutiérrez sea reinstalada en su puesto, tras ser destituida por el Fiscal General, Juan Lanchipa Ponce.
La decisión del juez se basa en una tutela solicitada por Gutiérrez, quien argumentó que su destitución, firmada por el fiscal interino Mauricio Nava, fue inapropiada. Córdova instruyó al Fiscal General para que rectifique esta acción, en conformidad con la Ley Orgánica del Ministerio Público.
El contexto de esta controversia se agrava por el reciente escándalo que involucra al ex presidente Evo Morales, quien enfrenta acusaciones de trata de personas y estupro agravado. En este marco, se había emitido una orden de aprehensión en su contra, pero una juez de garantías en Santa Cruz decidió anular dicha orden el mismo día. Gutiérrez, la fiscal destituida, ha señalado que tanto la anulación de la captura como su destitución fueron decisiones directas de Lanchipa.
Por su parte, el Fiscal General ha sostenido que la cancelación de la aprehensión se debió a “errores procedimentales”, y ha justificado la destitución de Gutiérrez por supuesta “negligencia” en su trabajo, acusaciones que la fiscal rechaza.
El abogado Esteban Ortuño Cassón, quien se identifica como autonomista, ha comentado que si bien no tiene detalles precisos de los acontecimientos recientes, es probable que Gutiérrez haya presentado un amparo constitucional en el ámbito laboral. Este recurso se utiliza para impugnar acciones que se consideran violatorias de los derechos laborales de un individuo.
Ortuño explicó que, dado que la destitución de Gutiérrez podría haber infringido los procedimientos establecidos, el juez tiene la facultad de anular la decisión administrativa que la alejó de su cargo, permitiendo así su retorno a las funciones que desempeñaba. El abogado también destacó que, aunque la resolución de un amparo suele demorar, en este caso se ha dado una respuesta rápida, lo cual es inusual.
El regreso de Gutiérrez a su puesto plantea interrogantes sobre su capacidad para continuar con las investigaciones relacionadas con el caso de trata de personas y estupro agravado, y cómo manejará la situación tras su conflicto con Lanchipa, su superior jerárquico. La comunidad observa con atención las decisiones que tomará la fiscal en defensa de los derechos de la menor involucrada en este delicado asunto
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