Las condiciones climáticas extremas, caracterizadas por granizadas prematuras y olas de calor inusuales, están generando una creciente preocupación en
Las condiciones climáticas extremas, caracterizadas por granizadas prematuras y olas de calor inusuales, están generando una creciente preocupación en Tarija, donde la producción vitivinícola, pilar económico para miles de familias, se encuentra bajo amenaza.
Durante los meses de septiembre y octubre, el clima en la región ha mostrado un comportamiento particularmente errático. Intensas granizadas y periodos de calor atípico han encendido las alarmas entre los agricultores, especialmente entre los viticultores del valle central. Estos productores advierten que la variabilidad climática podría comprometer la cosecha de más de 1.5 millones de toneladas de uva, destinada tanto al consumo de mesa como a la elaboración de vino y singani.
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) ha confirmado la previsión de lluvias constantes hasta enero. Las condiciones actuales, según la entidad, podrían propiciar la intensificación de fenómenos meteorológicos severos, como el granizo y las tormentas eléctricas, precisamente durante la fase crucial de crecimiento de la vid.
Un análisis del Senamhi indica que para la presente semana se anticipan temperaturas máximas de entre 20 y 23 grados Celsius y mínimas de 7 a 10 grados en el valle central. Se esperan lluvias de moderada a fuerte intensidad, acompañadas de tormentas eléctricas, con mayor probabilidad entre el martes y el miércoles. En las zonas altas, el panorama es más complejo, con temperaturas mínimas que rondan los dos grados, lluvias dispersas y una elevada probabilidad de granizo. Por contraste, la región del Chaco continúa experimentando calor extremo, con máximas que alcanzan los 31 grados. Estas fluctuaciones drásticas, según expertos, son parte del patrón irregular que el cambio climático ha impuesto en los últimos años.
El sector vitivinícola ha expresado su inquietud por la falta de mecanismos efectivos de protección frente a las granizadas. Si bien algunas comunidades recurren a la detonación de bombas antigranizo, estas iniciativas son consideradas aisladas y carecen de un sistema integral de alerta o reportes climatológicos preventivos. El riesgo de daños se mantiene latente hasta el mes de diciembre; solo después de esta fecha, si no se registran afectaciones significativas, se podrá anticipar una vendimia completa. Las uvas primor, que son las primeras en madurar y representan entre el 10 y el 15 por ciento de la producción local proveniente del Chaco y el valle central, comienzan a cosecharse en diciembre. Cualquier daño en esta etapa repercute directamente en los ingresos de las familias productoras.
Los representantes del sector vitivinícola han planteado la necesidad urgente de una política clara de protección ante los efectos del cambio climático. Entre las propuestas se incluyen la implementación de sistemas de riego tecnificado, la creación de fondos de fideicomiso con tasas de interés bajas y una gestión estratégica del agua, especialmente ante la disminución de las lluvias regulares. Se ha señalado que una inversión de cuatro millones de bolivianos en prevención podría mitigar pérdidas que ascienden a diez millones por granizo. Asimismo, se ha hecho referencia a un encuentro entre el Gobierno y la Asociación Nacional de Industriales Vitivinícolas (ANIV) para discutir la inyección de capital al sector y la proyección de 10.000 hectáreas de producción. Sin embargo, los pequeños productores aún esperan una socialización de los acuerdos de esta reunión, de la que se sintieron excluidos.
Aunque las granizadas registradas en septiembre y octubre no han causado pérdidas en los viñedos, otros cultivos agrícolas sí han sufrido daños de hasta el cien por ciento en sus parcelas. Las familias afectadas han solicitado semillas o abonos químicos para intentar recuperar sus cosechas. Estos fenómenos adversos han puesto de manifiesto las limitaciones económicas de los gobiernos municipales y departamentales. Si bien en Cercado no se han reportado complicaciones inmediatas para atender estos casos, se reconoce que la capacidad de respuesta podría verse restringida por la disponibilidad de recursos, una situación similar en otras alcaldías.
Desde la Gobernación, se ha indicado que no se han recibido declaratorias de desastre por los recientes eventos de granizo. No obstante, se asegura que, en caso de ser necesario, la institución está preparada para actuar. Si la magnitud de una emergencia superara la capacidad económica departamental, se activarían los mecanismos de la Ley 602 para solicitar la intervención del Gobierno Nacional. El presupuesto operativo anual de la Gobernación incluye la asignación de recursos para atender situaciones de emergencia.
En el marco de sus planes de contingencia, la Gobernación, a través de las subgobernaciones, prioriza la movilización de maquinaria pesada para actuar en situaciones de granizadas o inundaciones, con el objetivo primordial de restablecer las redes camineras. La movilización de equipos pesados implica gastos significativos en operadores, personal de apoyo y combustible para palas cargadoras, retroexcavadoras y volquetas. La Gobernación interviene dentro de sus posibilidades y capacidades técnico-económicas, evaluando posteriormente si la situación requiere la gestión y coordinación con Defensa Civil a nivel nacional
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